Pueblos indígenas cuestionan actuaciones de funcionarios

 Pueblos indígenas cuestionan actuaciones de funcionarios

Redacción / Al Día Panamá

La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), organismo que reúne a los 12 Congresos y Consejos, representado por las máximas Autoridades Tradicionales de los siete pueblos originarios de Panamá, solicitan a la Ministra de Gobierno Janaina Tewaney verificar las actuaciones de algunos funcionarios de esa institución referente al trato y manejo de los conflictos en las regiones indígenas y la relación con las autoridades en los territorios.

Para las autoridades de la COONAPIP es inaceptable que el Secretario General del Ministerio de Gobierno, Cristóbal Tuñón, promueva acciones desarticuladas mediante visitas y reuniones individuales en los territorios indígenas, sin la debida coordinación con las autoridades legítimas, desconociendo las leyes comarcales e irrespetando la autoridad de los caciques y presidentes de los congresos legalmente reconocidos.

Mediante un comunicado la COONAPIP,  como organización que vela por los intereses y derechos de los pueblos indígenas, plantea que observa con preocupación que parte del equipo Ministerial prefiere reunirse con seudo dirigentes comarcales, mismos que no representan a nadie y que han propiciado la ingobernabilidad en los territorios de las Comarcas Ngobe Buglé, Comarca Emberá- Wounaan y Tierras Colectivas.

  Gobernabilidad

Otra acción del Secretario General del Mingob, Cristóbal Tuñón, que preocupa a la COONAPIP es el hecho de que este funcionario actúe y realice acciones en los territorios sin la coordinación con el Viceministerio de Asuntos Indígenas como ente principal que promueve y atiende las políticas y directrices de gobernabilidad en los territorios indígenas.

Las autoridades de la COONAPIP piden que se respete la autoridad del Viceministerio de Asuntos Indígenas y de una vez por todas se pongan de acuerdo ambas instancias para conducir una armónica coordinación de acciones, en especial si se trata de proyectos inherentes al Plan De Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto 202 y 203 que crea el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La COONAPIP lamenta que los dos millones de dólares aprobados por el Consejo nacional de desarrollo de los Pueblos Indígenas para apoyar con carácter de «urgencia» la lucha para frenar la pandemia del coronavirus ( Covid-19)  en los territorios mediante la compra y abastecimiento de insumos en los puestos y centros de salud,  aún no se haya ejecutado.

Indican al respecto  que se  desestimó la participación de las autoridades tradicionales en su coordinación y  relegan a segundo plano al Vice Ministerio de Asuntos Indígenas, sin ofrecer las debidas explicaciones al Consejo Nacional De Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONDIPI).

  Derechos humanos

En otro tema, la COONAPIP exige una explicación y sanciones ejemplares por la grave violación a los derechos humanos cometidos por el Gobernador de la Provincia de Darién Alvaro Bristán y el Director Regional de Salud del Darién, Juan Rosales, quienes el pasado 31 de julio, atentaron contra la salud de más de 25 indígenas del Distrito de Sambú, Comarca Emberá, quienes fueron retenidos y privados de su libertad por órdenes de estos dos funcionarios darienitas.

Explica el COONAPID que no los dejaron pasar del retén de Aguas Frías hacia sus territorios, siendo ellos parte de un viaje humanitario y que habían salido de Panamá a sus territorios cumpliendo con todos los protocolos de salud y contaban con sus respectivos salvo conductos, y fueron regresados a Panamá en una abierta muestra de discriminación y abuso de autoridad.

Las autoridades de la COONAPIP, a través de su fiscal piden al Presidente de la República Laurentino Cortizo atender la preocupación de los pueblos indígenas y respetar los compromisos adquiridos con todas las autoridades tradicionales en el CONDIPI y respetar igualmente las leyes comarcales que rigen los territorios y los mecanismos que regulan la relación con el gobierno y los pueblos indígenas.

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