Por: Jorge Zúñiga Sánchez                                     

………………………………………

 I.-  A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Desde hace rato gravita en el ambiente, una peligrosa “campaña” que pone duda las capacidades y habilidades formativas de los egresados de nuestras facultades o escuelas de derecho. El asunto que debiera insertarse dentro de la crisis general de la educación nacional, evita tocar a las universidades y en su lugar recae sobre los estudiantes por ser la parte más vulnerable del problema. 

Es evidente que el asunto oculta  graves controversias políticas y sociales. Por un lado, el Estado reconoce que la educación superior es una actividad comercial, y a la vez, es un deber colectivo que el Estado debe procurar satisfacer dentro de altos niveles de calidad. Como no es fácil establecer el justo equilibro institucional  entre ambas, se ha preferido que el problema se siga desarrollando hasta que por sí solo encuentre su solución. 

Si el cuestionamiento va dirigido únicamente contra los estudiantes universitarios de derecho, debe ser porque se entiende que  los niveles primarios, medios, secundarios y universitarios en general, están fuera de la crisis de la educación nacional. 

II.-  EL SURGIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO EN PANAMÁ 

En 1918 en las instalaciones del Instituto Nacional se dictan los primeros cursos universitarios de derecho, en medio de un desbordante entusiasmo patriótico y nacionalista, que contrastaba con sus  limitadas condiciones físicas y materiales, y el escepticismo oficial.  

Los estudios de derecho siempre marcaron la pauta en la educación superior nacional. En 1946, se instaura la Universidad Autónoma de Panamá, hasta que en  1965 aparece la Universidad Santa María La Antigua, una alternativa educativa con un inconfundible sello clasista. 

A partir de 1968 se produce la masificación de la educación superior  pública, proceso que no se detuvo hasta establecerse centros superiores a lo largo del país. 

Es notable el auge de las universidades privadas en el territorio nacional, las que ofrecen a sus estudiantes carreras de derecho, impartidas  en las diversas  modalidades  conocidas.

III.- ¿LAS CAUSAS DE ESAS DEFICIENCIAS?:

Para enseriar esta discusión que desde hace décadas el tema viene generando en el país,  sería bueno precisarse los factores indicadores subjetivos y objetivos que sustentan  la afirmación de que la formación de los abogados panameños es deficiente. 

No tendría nada que reprochar, si los que encabezan  esta “cruzada” fundamentalista fueran docentes universitarios, valdría entonces examinar la parte de  responsabilidad que les cabría. Empecemos por decir, que por los bajos salarios establecidos, el ejercicio profesional de la docencia superior es poco  atractiva. 

Si el bachiller recibe muy poca orientación para escoger su carrea universitaria, y son demasiados flexibles los requisitos para  estudiar derecho, la sobrepoblación de carrera de derecho amenazan la calidad de su formación. Sabemos que este comentario provocará voces de protesta, alegando que cualquier “filtro” institucional, es un ataque al derecho fundamental al libre  acceso a la educación superior.

Cada generación de estudiantes de derecho evidencia que no aspita convertirse en “jurista”; simplemente busca ser un “abogado”. Esto da lugar a que vaya  desapareciendo el interés por  la formación científica, debilitándose la base de la  formación académica  del estudiante de derecho. 

Y como es de suponer, al primar la idea de que  lo  esencial en la formación del abogado es el manejo y dominio  del conocimiento práctico, es predecible que se “gradúe” lleno de falencias teóricas.   

Con la eliminación de las tesis de grado, como requisito final, se rebajó significativamente el nivel académico de los futuro abogados. Y si escasean las actividades extracurriculares, de esas  que fomenten el crecimiento intelectual de los estudiantes, será negativo el perfil universitario  del egresado.       

IV.- ¿LA SOLUCIÓN? 

Si tenemos existe una imagen tan negativa de nuestros estudiantes de derecho, será fácil concluir que con  asesores estatales, jueces y fiscales,  y litigantes en general formados con deficiencias, tenemos asegurado  servicios públicos de muy bajo nivel y categoría profesional-  

La solución del problema no es sencilla. Si tenemos que el interés generalizado del estudiante de derecho es graduarse de “abogado”, invertirá el menor esfuerzo posible. Solo imaginemos que por la fuerza de las leyes de la  globalización profesional.  se abrieran las fronteras  a los abogados extranjeros, por estar en desventaja, a la mayoría de nuestros jóvenes abogados le resultaría imposible en el mercado laboral.  

Sólo pensemos en el pasado reciente, en el que el  profesional del derecho le caracterizaba su intelectualidad, su verbo elocuente, y la elegancia de su pluma, le tenían asegurado un merecido lugar de respeto en la sociedad, lo que le convertiría en un personaje digno de imitar para los jóvenes.

Todo es tan casual que no puede rechazarse pensar  que todo este desastre educativo, responde a una política pública muy bien implementada. El poder  reconoce el efecto liberador en las mayorías, tener acceso a una superior de calidad.  Entonces, ¿a quién beneficiaría, que las universidades sigan graduando abogados, sin importar la calidad formativa de sus egresados?.  

V.- EL EXAMEN DE BARRA: ¿SERÁ EL REMEDIO PARA SOLVENTAR ESTE PROBLEMA?

No conozco de un estudio privado o público, que sirva de sustentación científica a la idea de que la formación académica de nuestros noveles abogados merezcas recibir  semejante descalificación. 

Al parecer se les descarta  “porque sí”. Se repite con frecuencia  que hay demasiados abogados en la calle, pero no se toman el tiempo para indagar si las causas del problema radique en los docentes, o por  las  escasas motivaciones sociales que inviten a la superación intelectual de los universitarios.  Lo cierto es que un buen sacaron de un “sombrero de mago“ el “Examen de Barra”, convertido en un requisito indispensable pase recibir la idoneidad profesional para ejercer la abogacía (Ley # 350 de 21 de diciembre de 2022). 

No creemos que para resolver este problema, el Estado exija revisar mediante exámenes, las capacidades y habilidades académicas de un egresado, mismas de las que deja constancia un diploma expedido por un centro de estudios superiores legalmente reconocido. 

Las primeras experiencias de aplicación del “Examen de Barra” fueron nefastas, provocando reacciones instando a su eliminación, y otras a aumentar el rigor   a sus pruebas. En fecha más reciente, se aprobó el proyecto de ley de julio de 2025, mismo que pende de la sanción Presidencial, y que   hace opcional ese “Examen de Barra”, y en defecto introduce como requisito una tesis o servicio social, aumentando la confusión ya existente, pues tanto la tesis como el servicio social están más cerca de satisfacer requisitos para recibir el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, que exigencias para recibir la Idoneidad Profesional para Ejercer la Abogacía en Panamá.  

###

*El autor Jorge Zúñiga Sánchez es Abogado, profesor universitario y escritor.