El Escorpión

En más de una ocasión algún diputado o diputada se la ocurrido proponer la pena de muerte en Panamá. Las motivaciones son diversas, pero en el fondo la mayoría busca ganar aceptación y adeptos entre los votantes. Recientemente, la idea ha vuelto al pleno de la Asamblea. Independientemente de que haya voces a favor o en contra, que a un padre o madre putativo de la patria se le venga tal ocurrencia debiera ser causal de la perdida de su curul. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 30, lo prohibe expresamente. Y un diputado que ni siquiera sabe que esa prohibición está establecida en la Constitución, no merece serlo. Si no conoce esto que es tan evidente, ¿qué se espera del resto del marco constitucional que debe conocer o averiguar para proponer y aprobar leyes? Huelga señalar el resto de las consideraciones que deben valorarse, para otorgarle al estado la facultad de decidir sobre la muerte de sus ciudadanos ejecutándolos. Caso cerrado.

La mascota de Pedro Picapiedra anunció en estos días que la Caja de Seguro Social a su cargo contratará médicos extranjeros, para cubrir el déficit de especialistas en el interior del país. Según él, la decisión responde a la falta de respuesta por parte de médicos panameños a las más de cinco convocatorias realizadas desde el mes de octubre para ocupar plazas disponibles. Por cosas de aquí y de allá, los especialistas panameños no quieren ir al interior. Aunque no es lo ideal, la respuesta al clamor del asegurado fuera de la capital y nuestros principales centros urbanos de darse sin ambages, como parte de obligación de la CSS y del MINSA de fortalecer los servicios de salud y reducir las brechas de atención médica en el país. ¡Yaba-daba-doo!

 

 

Continúa la presencia de los llamados biencuidao en nuestras calles. Odiados por unos, temidos por otros, y defendidos o tolerados por algunos más, siguen operando por más esfuerzo que hagan las autoridades, cuando lo hacen. Sacarlos de circulación no solo es un deber de la autoridad, sino la obligación de hacerlo para preservar el orden público y sancionar las transgresiones que cometen con su aparente derecho a ganarse el pan de cada día. Detrás del pacífico oficio de biencuidao en la vía pública, se esconde el delito de apropiación de un bien público, para usufructuar de él con ánimo de dueño, cuando se apoderan de tramos de calle colocando barreras para evitar que sea utilizado por otros sin consentimiento de ellos. Hay, también, algunos visos de extorsión cuando amenazan, ya sea tácita o veladamente con producir daño a los vehículos que no le paguen la cuota por sus servicios. Igual se produce la violación del derecho al libre tránsito y al uso pacífico y sin limitaciones del espacio público destinado a aparcar lícitamente en ellos. Estas, al menos, deberían ser razones más que suficientes para subsanar un mal que evoluciona y que ya, en ciertas áreas de la ciudad, se presenta como un servicio de Valet Parking legítimo, pero que también se apropia y aprovecha del espacio público para usufructuar de él en su propio beneficio.

Un antiguo director del Ifarhu, que no es Bernardo, fue arrestado junto a un comerciante que se presume sea su cómplice, por la malversación de 414 cheques y 84 tarjetas de programas de becas, que provocó un perjuicio económico al Estado por la suma de 145,265 balboas. El ex-funcionario, quien fuera director regional de la entidad en Panamá Este en 2022, hizo fiesta con las becas y el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), endosando cheques a nombre de comerciantes chinos, a través de su cómplice, quienes se encargaban de hacer efectivos los depósitos. Algo huele podrido en Dinamarca y, en este caso, en el engranaje del estado instaurado por la dictadura militar y su brazo político el PRD, que han convertido la cosa pública en un medio para enriquecerse ellos y los que llegan al poder y no acaban con la fiesta.