El Escorpión

 

Por los cielos panameños volará en estos días un avión de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los Estados Unidos, en colaboración con el Instituto Smithsonian, para hacer un mapeo de nuestros bosques y áreas verdes. Es un “laboratorio volador” equipado con radar avanzado, capaz de recolectar datos detallados sobre diversos ecosistemas: desde los doseles forestales hasta los humedales costeros. Algo que de seguro tiene en un estado de inmenso éxtasis al Bimbín Ecológico. Dicen que el objetivo principal del jet laboratorio es el de profundizar en el conocimiento de la biodiversidad panameña y aportar información estratégica para la lucha contra el cambio climático; aunque algunos tienen otras teorías, principalmente los amantes de las conspirativas. Lo cierto es que nuestro país es una de las regiones más ricas del mundo en materia de biodiversidad y ha sido estudiado por diversos organismos científicos del mundo. Lástima que con el avioncito no puedan escanear a ciertos políticos que son como la mala yerba, para aprender cómo librarnos de ellos.

 

 

El caso de los panameños detenidos en Cuba hace dos meses es manejado con mucha reserva por nuestra cancillería, para no irritar al régimen cubano, hoy en intenso pugilato con el Trompo Moñón. Originalmente eran siete hombres y tres muchachas que se fueron a Cuba a llevar ayuda humanitaria, mayormente comida, y que cometieron el error de hacer videos y publicar la situación de hambruna y falta de electricidad que vive buena parte de la población de La Habana. Las muchachas regresaron el mes pasado a Panamá, como muestra de buena voluntad y por, supuestamente, haber aportado información sobre la injerencia del exilio cubano de Miami en la financiación de su viaje. El asunto no está fácil para los siete muchachos que quedaron presos en Cuba, porque enfrentan penas de cárcel de 10 años o más, pero la cancillería panameña asegura que maneja el caso con una “diplomacia quirúrgica” y extrema prudencia, para garantizar el bienestar de los detenidos. Y para los que no confían en esa diplomacia, la esperanza de unos estará puesta en Dios y la de otros en el Trumpet Man.

 

Las empresas que contratan el servicio de guardias de seguridad deberían exigir de las agencias pagarles el seguro social a sus vigilantes. No solo por las consideraciones éticas de no hacerse cómplices de esa ilegalidad e injusticia, sino porque el asunto les afecta más de lo que piensan, ya que un guachimán insatisfecho no vigila bien, aparte de otros riesgos que pueden derivarse de esa situación que altera su estado de ánimo y que, por el salario que les pagan, no van a arriesgar la vida que Dios les diera. Si las autoridades de trabajo, seguridad pública y el Seguro Social no actúan, entonces habrá que hacerlo desde el punto de vista civil.

 

 

Una de las promesas de campaña fue la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la actual Constitución Política. Por motivos más o motivos menos, el asunto todavía está pendiente. En esa reforma constitucional que muchos anhelan se incluye la redefinición del papel de las juntas comunales. Su actual estructura aún obedece, en gran medida, al llamado poder popular de la lógica del gobierno revolucionario que asaltó el poder en 1968. Hay que renovarlas para darle un sentido más profundo a su misión de responder a las necesidades de la comunidad local. Un elemento clave es eliminar la dualidad de funciones de los representantes de corregimiento como presidentes de las juntas comunales y concejales al mismo tiempo, condición que, en más de una vez, ha contribuido a las componendas políticas a nivel municipal. Quizá una opción sería escoger un cuerpo colegiado de 9 miembros, eligiendo, de manera escalonada, un tercio tercio de ellos cada año, con mandato de tres años, que nombre un administrador de la junta comunal por 5 años y fiscalice su labor. Esto empoderaría aún más a los ciudadanos y le imprimiría dinamismo a una institución que está llamada a ser mucho mejor de lo que es hoy.