El Escorpión

Lamentable el accidente ocurrido este domingo en el Metro de Panamá, en el que una persona resultó muerta al caer a las vías del tren. No es la primera vez que ocurre algo así, principalmente por la imprudencia de los usuarios al desatender las señales relacionadas con la distancia segura que debe guardarse desde el borde del andén. Es preciso que los pasajeros respeten las instrucciones y el reglamento de uso del Metro, para evitar estas tragedias. Son muchos los perjuicios que ocasionan estos accidentes, entre ellos la paralización del servicio y el trauma de quienes deben presenciar tales calamidades, y mayores aún la perdida de una vida y el dolor de los familiares que no verán volver a cas al ser querido.

El ambiente de crimen que se vive en ciertos sectores del distrito de San Miguelito es una muestra del mal de la violencia que carcome a nuestra sociedad. A los protagonistas de la ola criminal ya no les basta con masacrar a balazos a su prójimo, sino que traman el mal disfrazándose de policías y otros funcionarios para perpetrar sus crímenes. Aunque ya está penado por la ley hacerse pasar por agentes del orden público, se hace necesaria una actualización de las leyes que castigan este delito y aumentar la pena cuando esta violación a la ley se hace con el propósito de cometer homicidio u otro crimen grave. No podemos dejar que los criminales impongan su voluntad y su violencia, porque eso sería quedar a su merced y perder toda esperanza de vivir en paz y en un ambiente social seguro.

Por las periferias de la capital algunas comunidades estuvieron sin el servicio de electricidad por casi una semana. Los moradores se hartaron y salieron a protestar cerrando la calle. Al rato aparecieron los vehículos de la empresa eléctrica y le restaruaron el servicio. ¿Qué necesidad había de esperar una reacción de protesta? Algo no anda bien con la prestación del servicio eléctrico en el país y por los lados de la Asep pareciera que nada ocurre con respecto a actuar frente a estos hechos. Hay que ser más diligentes en esa entidad y  salvaguardar el derecho de los usuarios, porque autoridad que no actúa frente a los problemas que le competen se hace cómplice del mal.

El gremio transportista de pasajeros advierte que irán a paro nacional si en la Comisión de Transporte de la Asamblea prohijan alguno de los dos anteproyectos de ley que buscan reformar la actual ley de transporte. Ni siquiera están abiertos a participar en su discusión y recurren a lo que acostumbran: amenazar e imponer por la fuerza su criterio. Los tiempos han cambiado, señores, y deben aceptarlo. La explotación del servicio de transporte público de pasajeros es una concesión del estado y el usuario el sujeto y el objeto de dicha actividad, al que la ley debe proteger y garantizarle un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad. Y si para ello es preciso acabar con el sistema imperante y los feudos que han creado mafias dentro del sector transportista, entonces que así sea.