Por Ramsés Owens
Abogado y CPA
La discusión sobre los nuevos requisitos de sustancia económica en Panamá debe analizarse con serenidad, técnica y sentido práctico. El objetivo del proyecto legislativo impulsado por el Estado panameño es comprensible: fortalecer la reputación internacional del país, alinearse con estándares de transparencia fiscal y preservar la competitividad del centro financiero y corporativo panameño frente a las exigencias de organismos internacionales.
Sin embargo, la realidad económica de centenares de miles de entidades jurídicas panameñas obliga a distinguir entre estructuras multinacionales complejas y vehículos patrimoniales legítimos, de naturaleza pasiva, cuya existencia no responde a fines de evasión ni de planificación tributaria agresiva.
En la práctica, cumplir adecuadamente con los parámetros exigidos para ser considerado “entidad calificada” o “persona calificada” podría implicar desembolsos anuales que fácilmente superen los US$60,000. Oficinas físicas, administración local, planilla, dirección efectiva, viajes, equipo, cumplimiento regulatorio y gastos operativos permanentes constituyen costos que únicamente ciertas estructuras de gran dimensión podrán absorber razonablemente.
Sin duda, existirán algunas decenas de entidades con capacidad financiera suficiente para sostener una presencia económica robusta en Panamá. No obstante, una parte considerable de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y fundaciones de interés privado activas en el Registro Público no poseen el volumen patrimonial, operativo o humano que justifique semejante nivel de gasto recurrente.
Ello resulta aún más evidente tratándose de actividades pasivas. Por definición, estas entidades no desarrollan operaciones comerciales activas, procesos industriales ni prestación de servicios. Son estructuras de mera tenencia patrimonial, inversión o protección de activos, cuyo propósito principal suele ser la seguridad jurídica, la estabilidad monetaria, la privacidad y la organización patrimonial internacional.
Puede estimarse que entre 135,000 y 150,000 entidades activas, pertenecientes a propietarios extranjeros, ya realizan aportes relevantes a la economía panameña mediante obligaciones que hoy son sustanciales: debida diligencia, cumplimiento normativo, Registro Único de Beneficiarios Finales, mantenimiento de registros contables, actualización corporativa, emisión de certificados, tasas, honorarios profesionales y demás requerimientos regulatorios exigidos por las autoridades y gestionados a través de los agentes residentes, siento éstos laboriosos auxiliares de la administración y justicia panameños. En muchos casos, estas erogaciones representan, como mínimo, unos US$2,000 anuales por entidad.
Pensemos, por ejemplo, en un ciudadano venezolano que, ante la incertidumbre económica y monetaria de su país, decide mantener ahorros en dólares en Panamá. No busca ventajas fiscales indebidas; simplemente procura estabilidad, protección patrimonial y privacidad. Utiliza una entidad jurídica como instrumento de resguardo, no como mecanismo de evasión.
Para ese perfil de usuario, pasar de un costo razonable de cumplimiento a una estructura operativa cercana a US$60,000 anuales no resulta lógico, prudente ni eficiente. Muy probablemente, esas entidades optarán por migrar hacia otras jurisdicciones más proporcionales a sus necesidades reales.
El gran desafío para Panamá será, precisamente, encontrar el equilibrio entre cumplir con los estándares internacionales y preservar la competitividad de un modelo de servicios internacionales que, históricamente, ha sido uno de los pilares de su economía. (###).
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* El autor Ramsés Owens es abogado en ejercicio y CPA
