Tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó el contrato con Panama Ports Company, el presidente José Raúl Mulino sostuvo que el decreto de ocupación dictado por su administración es un recurso legal plenamente válido. Subrayó que esta medida no constituye una expropiación, sino una acción necesaria para asegurar que las terminales de Balboa y Cristóbal sigan operando mientras se define su valor real.
Preparación y nuevas operadoras
El mandatario reveló que su gabinete dedicó meses a analizar los posibles escenarios derivados de la inconstitucionalidad del contrato. Ante la complejidad jurídica del fallo, se decidió que dos gigantes del sector marítimo asuman la gestión temporalmente:
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APMT Panamá, S.A. se encargará del Puerto de Balboa.
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TIL Panamá, S.A. gestionará el Puerto de Cristóbal.
Para Mulino, la llegada de estos operadores internacionales es una señal de que Panamá está recuperando su prestigio y competitividad global.
Críticas a la gestión anterior
El presidente fue enfático al señalar las irregularidades del acuerdo pasado, describiéndolo como un sistema opaco que operó como un "territorio autónomo" al margen de la autoridad estatal. Denunció que, durante años, se ocultó información técnica y financiera a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y criticó la falta de voluntad de los gobiernos anteriores para fiscalizar estas operaciones.
"Los gobiernos pasan, pero las consecuencias quedan", advirtió Mulino, comparando la situación con la crisis minera para recalcar que la improvisación solo trae desempleo y ahuyenta la inversión.
Hacia una nueva etapa
Finalmente, el Ejecutivo anunció el inicio de una tercera fase: un proceso de licitación abierto, competitivo y transparente para otorgar nuevas concesiones en ambos puertos. El objetivo, según el mandatario, es corregir los errores históricos y garantizar que el patrimonio nacional sea administrado bajo principios de patriotismo y honestidad.
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