Por Luis Fuentes Montenegro
En cualquiera sea el país, si la seguridad no existe, la desconfianza sale flote. Los inversores, comerciantes, emprendedores, profesionales, trabajadores, las personas de a pie, con capacidad adquisitiva económica o no, deja de sentir la necesaria confianza; el riesgo reputacional agujerea la sociedad en todos sus contornos. Por ello la seguridad no es un tema sólo de militares, ni de policías exclusivamente, tampoco de presuntos especialistas, es un tema que interesa y debe preocupar a todos, incluso a quien lo pase por alto.
El reciente incidente de la fuga masiva de la cárcel La Joyita en Panamá, pone de manifiesto - guste o no, se acepte o no se quiera aceptar-: deficiencias tras deficiencias. No se trata sólo de un asunto de escape, recapturados y prófugos de alta peligrosidad, se trata de la ineficacia sobre las concepciones y los métodos que actualmente se aplican para el manejo de la seguridad en general.
La violencia, la criminalidad creciente en las calles de Panamá, más allá de la propia ciudad capital, no es exclusiva de las áreas suburbanas, ni marginales. En sectores de los grupos sociales más acomodados, igual merodean, aunque muchas veces se reviste de una criminalidad de cuello blanco, una criminalidad organizada económica, una criminalidad desde poder con férreos matices de impunidad.
En la actualidad, la concepción de la seguridad se centra en la "lucha frontal contra las drogas ilegales", y dicho aspecto no se debe descuidar; por otro lado, la tendencia sobre la inteligencia estratégica, parece focalizarse ante los tejemanejes del narcotráfico, y contra personas, figuras, movimientos que adversan coyunturalmente al gobierno. En tales perspectivas se percibe un descuido en la seguridad de los ciudadanos, y la inseguridad se hace obvia.
Es entonces cuando toman fuerzas los cuestionamientos si los recursos de dinero que son cuantiosos, otorgados a los organismos de seguridad se justifican ante los resultados que bordean la insatisfacción de una gran mayoría de la sociedad, si tiene sentido o no la proliferación de comisionados, subcomisionados con una excesividad de privilegios - fueros que claramente violentan la Constitución-, si carece de lógica institucional y funcional qué oficiales jubilados de la Policía Nacional raudamente vuelvan como civiles con jerarquías a los organismos de seguridad, haciendo posible la configuración de clanes, grupos, grupitos de influencia inamovible, si es hora de repensar o no en la creación de un ente policivo técnico judicial independiente de la Policía Nacional, si la responsabilidad profesional de los miembros de los entes de seguridad debe ampliarse con mayor independencia de quienes dirijan esas entidades. La seguridad es una preocupación que crece en Panamá, pues aparenta que los mecanismos que hoy por hoy se aplican están siendo ineficientes.
El tema de la fuga en la cárcel La Joyita, no puede limitarse a un asunto solamente carcelario o penitenciario. Ni el sistema de la seguridad puede seguir representando un asunto de amigos, de clanes. La violencia, la criminalidad, más allá de las consecuencias de un narcotráfico nocivo, también va de la mano con los problemas sociales estructurales que no se atienden en debida forma (educación fallida, desempleo, empleomanía ficticia, impunidad ante la delincuencia de cuello blanco o ante la criminalidad desde el poder, etc.)
Desafortunadamente en nada ayuda el sesgo en las informaciones dadas sobre la fuga masiva y los todavía prófugos, en nada ayuda el titubeo ante las investigaciones que deben ser inmediatas para determinar las responsabilidades, no sólo en cuanto a los reos, sino sobre posibilidades de complicidades entre miembros de los estamentos de seguridad, a nivel de dicha cárcel, a nivel del sistema penitenciario, a nivel de la Policía Nacional, a nivel de los entes de seguridad, a nivel del Ministerio Público, a fin de comprobar o descartar autoría, coautores, encubrimientos.
En fin, una fuga como esa, parece revelar carencias.
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