Regulan centros de atención a la primera infancia, gobierno promulga decreto

Sala de Redacción / Al Día Panamá El Gobierno Nacional promulgó en Gaceta Oficial, el 26 de febrero de 2021, el Decreto Ejecutivo N°64 que adopta disposiciones para la creación y reglamentación de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) privados ante la pandemia del Covid-19 y así proteger la salud de los niños y niñas. El decreto establece un periodo de moratoria especial de 120 días calendarios a los CAIPI privados no regulados para que opten por la reapertura especial postcovid-19 acondicionado al cumplimiento de los protocolos establecidos para su reapertura en medio de la pandemia aprobados y ordenados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDES), mediante la Resolución No.403 de 23 de diciembre de 2020. Según la ministra de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Castillo de Sanmartín, durante este periodo, los CAIPI que opten por la apertura deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 31 de este Decreto Ejecutivo de lo contrario, no podrán funcionar ni publicitarse como centros de atención de la primera infancia.

MIDES exige

Estos requisitos van desde presentar el proyecto pedagógico o plan curricular, hasta el desarrollo de los croquis de distribución del espacio físico interno y externo del local, el cual debe responder a los estándares de calidad establecidos. Igualmente señala que para la apertura de los CAIPI se debe implementar el protocolo de bioseguridad, desde el enfoque de prevención y gestión de riesgo y atención integral a la primera infancia y los lineamientos para el retorno participativo, voluntario, seguro y gradual que el MIDES exige para estos centros. “Con este decreto buscamos resguardar la salud de los niños menores de cuatro años y garantizar ambientes apropiados que permitan enriquecer su aprendizaje”, dijo la titular del MIDES. Además resaltó que se potenciará el desarrollo infantil desde su edad más temprana, dentro de un ambiente de inclusión que permita integrar a las familias de los niños y niñas en procesos psicopedagógicos y todas aquellas actividades en beneficio de la niñez. Los centros que incumplan con lo estipulado por la ley se les cancelarán los avisos de operaciones.