Por: Elka R. de Herrera / Docente universitaria
elkaelinor1981@outlook.com
Posterior a la pandemia de COVID-19 la economía del país se vino al suelo. Después de esta pandemia que afectó a la mayoría de la población, las empresas privadas quedaron sin capacidad para generar empleos y efectivamente, lo que se había perdido con la paralización del país fue que más de medio millón de panameños quedaron sin trabajo. La economía empezó a recuperarse lentamente, y en Panamá como en muchos países latinoamericanos, surgió como la mejor medida para inyectar recursos a la economía por medio del empleo, decidir que los gobiernos se hicieran cargo de invertir en mano de obra nombrando personas en todas las instituciones. El ministro de Planificación y Política Económica y el presidente de la República del gobierno pasado, en sus informes a la Asamblea Nacional reconocieron que el Estado estaba solicitando préstamos para pagar e incrementar la planilla estatal. Esta medida fue mal implementada en varias instituciones y las universidades estatales no fueron la excepción. Así, rebrotó el nepotismo y la politiquería para solucionar, no solamente el desempleo y el consumo, sino que fue utilizado por los rectores de las universidades estatales para influir en la toma de decisiones dentro y fuera de la universidad en su campaña por el poder. El nepotismo se remonta a tiempos antiguos, no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de ninguna universidad estatal, en donde varias administraciones con poder han otorgado beneficios a sus familiares y amigos, desconociendo criterios fundamentales. Obviamente, han creado desigualdades en lo laboral y académico. Es una herencia de gestiones pasadas que han actuado sin una pizca de ética profesional, provocando divisiones y enemistades irreconciliables entre la comunidad universitaria. Los nombramientos en las universidades estatales deben ser diferentes: el personal debe ser escogido por méritos, capacidad, especialidades y habilidades para desarrollar un cargo de forma eficiente cumpliendo con el Estatuto universitario. No se debe afectar el derecho que tiene toda persona de ocupar una posición pública, o de concursar por un cargo si se lo ganó en buena lid y está preparado. Hay casos en que se nombran personas en las universidades que no tienen funciones específicas, son las “botellas” el pago de sus salarios es malversación de fondos públicos. No son productivos y deterioran la calidad de los servicios que debe ofrecer la universidad. Esto refleja conflictos en la universidad y una mala gestión de recursos humanos. Por otra parte, las autoridades como los decanos, vicedecanos, directores, vicerrectores y los profesores deben consultar, investigar y analizar antes de pedir a las altas autoridades, el nombramiento de personas con quienes mantienen una relación personal cercana o comprometida que afecta derechos adquiridos y origina conflicto de intereses. Es fundamental que las altas autoridades de las universidades estatales no sólo cumplan con sus obligaciones legales de transparencia. Además, deben actuar con integridad y ética profesional en todas sus decisiones y actuaciones para evitar las consecuencias negativas del nepotismo. Las universidades estatales deben ser modelo de rectitud, honestidad y excelencia académica para la sociedad en general. No es una empresa privada donde el legado se pasa de generación en generación. Tampoco son el cuartel de invierno de los partidos políticos. Las noticias divulgadas sobre este tema que involucra a varias universidades estatales no son un modelo porque corrompen la sociedad, la moral y decepcionan. Si se pierde la autoridad moral, se pierde también la intelectual. Instituciones como la ANTAI, deben estar pendientes debido a que esta mala práctica política está muy de moda en todas las universidades estatales y permite que se cometan vivezas administrativas bajo la frase: “favor se paga con favor”.###
Elka R. de Herrera / Docente universitaria y escritora / elkaelinor1981@outlook.com
