Por Richard Moreno/Periodista
El Gobierno Nacional debe entender que nuestro jubilados y pensionados no pueden continuar viviendo con ingresos que, en muchos casos, están muy por debajo del costo real de la vida.
Después de décadas de trabajo, aportes y sacrificios, resulta injustificable que miles de adultos mayores tengan que hacer malabares para pagar alimentos, vivienda, medicamentos, servicios básicos y otras necesidades elementales. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de dignidad.
Lo razonable sería establecer una pensión mínima que permita vivir con un poco de tranquilidad. Una cifra que podría situarse como punto de partida, entre 600 u 800 balboas mensuales.
Acompañada de mecanismos que permitan actualizarla de acuerdo con el costo de vida.
Si el país encuentra recursos para financiar grandes proyectos, otorgar beneficios a determinados sectores económicos y enfrentar una danza de millones alrededor del gasto público, también puede encontrar los recursos necesarios para proteger a quienes ya cumplieron con su responsabilidad laboral y hoy dependen de una pensión para sobrevivir.
Aquí es donde corresponde hacer un llamado de atención enérgico al Gobierno: los jubilados no pueden seguir siendo los últimos de la fila.
No es aceptable pedirles paciencia mientras observamos como se manejan millones de balboas y, al mismo tiempo, muchos de ellos deben escoger entre comprar alimentos o medicamentos.
La lucha contra la corrupción, el uso responsable de los recursos públicos y la revisión de los beneficios que reciben determinados sectores deben convertirse también en fuentes para mejorar las pensiones.
El Gobierno tiene la responsabilidad de actuar. Una pensión digna no debe verse como un gasto, sino cómo una obligación social y moral con quienes construyeron este país.
Nuestros jubilados no piden limosnas: exigen dignidad después de una vida de trabajo.
* El autor Richard Moreno es periodista y dirigente social.
