Declaran inconstitucional contrato de Panama Ports Company
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Declaran inconstitucional contrato de Panama Ports Company

Sala de Redacción / Al Día Panamá  La República de Panamá aseguró la continuidad de sus operaciones portuarias y del comercio internaciona,  luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al declarar de inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company. De igual forma, ante el fallo de la CSJ, la Autoridad Marítima de Panamá (APM) informó que el Estado activó un plan técnico de transición para mantener sin interrupciones los servicios que sostienen la cadena logística global, reafirmando que la productividad y la eficiencia de ambos puertos se mantienen en niveles óptimos. Debido a este proceso, y sujeto al cumplimiento de los procedimientos legales, el Gobierno panameño contempla el apoyo temporal de APM Terminals, una de las operadoras portuarias más reconocidas a nivel mundial, mientras se completa la etapa de transición. Las autoridades subrayaron que Panamá, como propietario de los puertos, mantiene el control y la estabilidad del sistema portuario nacional,. De igual manera, precisaron  que avanzan en una transición ordenada y coordinada con Panama Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison Holdings. En tanto, Estados Unidos manifestó  su respaldo a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a empresas de origen chino. El pronunciamiento fue atribuido al senador estadounidense Marco Rubio, quien señaló que Washington se siente “alentado”” por el fallo judicial, al considerar que refuerza el Estado de derecho y la transparencia en sectores estratégicos del país. A nivel nacional e internacional la  decisión de la Corte Suprema de Justicia ha generado reacciones , especialmente por el impacto que tiene en la administración y operación de puertos clave para el comercio y la logística regional. Autoridades panameñas han reiterado que el fallo responde a un proceso jurídico interno y soberano, basado en el análisis constitucional de los contratos.