Jueves 12 de marzo de 2026
MAFIA INTERNA
Dino le dijo a la comisión de la Asamblea en la que rindió cuentas de su gestión que el desbastecimiento actual de la Caja de Seguro Social es producto del robo de medicinas; que se sabe cuántas salen despachadas de los depósitos, pero no cuántas llegan y si arriban a su destino. Estamos investigando -dice- pero sabemos que tales investigaciones casi nunca prosperan, porque nadie sabe nada ni ninguno delata al compañero. Y no es la única institución del estado en la que estos robos ocurren. La realidad es que existe una mafia interna en el engranaje estatal que para erradicarse es necesario una cirugía mayor: rotación de puestos, destituciones, someter a concurso posiciones claves y cambiar los procedimientos de compras y manejo de inventarios. Una tarea que puede llevar un par de años, pero necesaria si quieren controlar el robo de los bienes del estado. Y, a propósito, la mascota de Pedro Picapiedra se notaba cojo. ¿Será que se quebró una pata? ¿Se habrá atendido en el Seguro Social?
YA NO SE AGUANTAN
Los carteristas y pillos en el Casco Antiguo están intratables. Son como una peste que debe controlarse pronto, porque atenta contra el turismo, la imagen del país y la inversión privada en el lugar. Mucho ha costado construir la marca turística del sitio histórico, para que los delincuentes y los rateros la destruyan en poco tiempo con sus fechorías. No hay que tener contemplaciones y ponerle fin a ese mal a toda costa. Llenen el lugar con policías de civil y pongan a buen recaudo a los ladrones, además de prohibirles acercarse al Casco Antiguo. Y en cuanto a los que se la pasan disparando por los lados de las calles once, doce, trece, catorce y quiince que están dentro de los límites del barrio histórico, allanen esas casa constantemente y desármenlos, asediénlos y hostiguénlos para que no se mueva ni un gramo de droga, ni una bala, ni un arma clandestina. Busquénle remedio, porque no hacerlo nos puede costar un precio mayor que pagar.
COSCO BOICOT
Hay momentos en que sobran las palabras y son las acciones las que hablan. Así parece ser el caso de la suspensión de sus servicios de carga en el Puerto de Balboa por parte de Cosco Shipping Line. No ha dicho más nada aparte de ese anuncio, guarda silencio y comunica que sus contenedores vacíos deben ser entregados en los dos puertos del Atlántico que no controlaba su compatriota Panama Ports Company. Se trata a todas luces de una represalia del gobierno chino por el fallo de inconstitucionalidad del contrato portuario que mantenía PPC y que la dejó fuera del manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal. Cosco es propiedad del gobierno chino, el gobierno chino protestó por el falló y dijo que habría consecuencias, y la naviera, practicamente, suspende sus operaciones en Panamá. Dos y dos son cuatro y no se necesita de un ábaco para saber por qué Cosco ha decidido suspender sus operaciones en los puertos panameños. Si así van a ser nuestras relaciones con China es mejor pensarnos muy bien si dichas relaciones deben ampliarse o si nos conviene continuar con ellas.
MERCADO NEGRO
El robo de piezas de automóviles y equipos electrónicos nos lleva a plantearnos una interrogante: ¿Hará falta actualizar la legislación sobre la comercialización de las piezas y equipos electrónicos de segundo uso? El aumento en el robo de estos artículos y productos obliga a pensar que existe una alta demanda de los mismos y que, aunque no se llevan estadísticas confiables, el incremento de las ventas de estos en el mercado negro o paralelo motiva no solo a su compra, sino a que los proveedores de esos productos también tengan que abastecer mucho más sus inventerios. No es para nada normal que alguien llegue más de una vez con computadores y piezas electrónicas de automóviles usadas para revenderlas a quienes e las compran. Hay que normar el asunto y que sea obligatorio el registro de estas con números de serie e identificación fehaciente de quienes las traen a los sitios de reventa. Y, lo más importante, tener una fiscalización efectiva sobre los movimientos de compra y venta de esos artículos, porque si la autoridad no actúa y cumple con su deber, se convierte en cómplice del hampa y los delicuentes que las roban y de los inescrupulosos que las revenden.
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