El Escorpión

 

 

Al parecer las empresas chinas que construyen el nuevo puente sobre el Canal de Panamá se pasan por el sobaco las leyes de nuestro país. El Consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por empresas chinas China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company LTD), ejercen prácticas contra los nacionales panameños, tanto en el pago por igual trabajo, como en las facilidades de instalaciones de descanso y comedores para los trabajadores. Mientras los asiáticos pernoctan en contenedores con aire acondicionado, comida diferenciada y mejor salario, el panameño, literalmente, se jode de sol a sol. Y no solo esto, también los inspectores del ministerio de trabajo descubrieron que exceden la cuota del 10% de trabajadores extranjeros -principalmente asiáticos- en tareas que pueden desempeñar los obreros panameños. Como que no les ha bastado lo que hacía CK Hutchinson con Panamá Ports, para entronizar el nuevo sistema de Goldroll en el ambiente laboral panameño. Pendejos somos si seguimos permitiendo la entrada de empresas chinas que violan nuestra soberanía y nuestras leyes. Y que ahora no vengan a inspeccionarnos y detenernos más barcos cuando el Mitradel sancione a esas empresas por abusivas y delincuentes.

 

 

Se emberracaron los motorizados del servicio de delivery y decidieron alzarse en contra de la medida que les quieren imponer las empresas que manejan las plataformas de entrega, cambiándoles la forma en que su trabajo será remunerado. Antes era por entrega y ahora le quieren imponer el pago por kilometraje. Aunque no se les reconozca un estatus laboral de patrono y empleador, lo cierto es que la medida raya en un acto leonino y reclama la intervención de las autoridades. Eso del servicio profesional bajo el que se amparan las plataformas es una relación laboral disfrazada, porque hay dependencia económica y otras reglas que hacen inclinar la balanza hacia una relación obrero patronal. Pero en medio también hay otro problema, la mayoría de los motorizados de delivery no son panameños y, de aplicarse el código de trabajo, muchos perderían su medio de sustento. Como quiera que sea, la calavera es ñata.

 

 

Donde las autoridades sí pusieron el dedo sobre la llaga fue con las plataformas de  transporte al regularlas recientemente. Pero, como en otras ocasiones, lo que intentan construir con las manos lo desbaratan con los pies. En la reglamentación se les fue la mano en pollo y ponen la traba de que el conductor tiene que ser de nacionalidad panameña, cuando lo que se debe exigir del extranjero es que tenga un permiso de trabajo al día, porque en esta actividad no hay una relación entre empleador y trabajador. De mantenerse esta medida, será un desastre, porque los panameños que ejercen la actividad, aunque son mayoría con respecto a los extranjeros, con una salida intempestiva de estos últimos la prestación del servicio podría verse afectada. ¿Es así como pretendemos desarrollar el turismo y vender a Panamá como destino internacional? El servicio lo catalogan como taxi de lujo, cuando no es una ni otra cosa, y le exigen certificado de operación. No se trata de un taxi y, en todos los casos, tampoco el vehículo es de lujo. Por otra parte, el certificado de operación, según la ley, se maneja a través de sociedades mercantiles, sindicatos y cooperativas. El asunto es un sancocho y podría afectar la imagen del país como destino turístico. Pero, las fuerzas de las circunstancias, más temprano que tarde, empujarán a la revisión de la medida. Como siempre, hacemos el ridículo por tratar de proteger intereses creados.