Martes 7 de julio de 2026
ACUSACIÓN TEMERARIA
Muy fogosas las palabras de una diputada denunciando que existe un plan oculto para incendiar barrios y desplazar a las personas pobres y abrirle paso a otras de altos recursos para habitarlos. Es una acusación temeraria y sin mayor fundamento, porque no hay evidencias de ello y porque en muchos de los sitios en los cuales ocurren los incendios no se levantan viviendas de alto costo. Por supuesto que lo idílico sería que algo así ocurriera, para develar una conspiración de ese tipo. La realidad es otra y las causas de los incendios diversas. Dejémonos de alimentar odios y luchas de clase y menos por propósitos politiqueros que nada bueno traen.
VIVIENDA Y URBANISMO
Ahora que está sobre el tapete el tema de la vivienda en Panamá con motivo de los recientes incendios es preciso mencionar el estado estructural y la condición habitable en que se encuentran las casas que están condenadas o en mal estado. Es una realidad poco atendida, más allá las reparaciones y las medidas que buscan mitigar la situación de quienes las ocupan. Es necesaria una nueva política de vivienda, para fomentar el acceso a la vivienda de interés social, que no debe concentrarse solo en la población de bajos ingresos, sino abrirse, también, a la clase media que también sufre la falta de una vivienda acorde a su nivel social. Mas que un problema, la cuestión debe verse como la oportunidad para un nuevo plan de urbanismo que desarrolle nuevas áreas en las ciudades de Panamá y Colón, combinando la construcción de viviendas de interés social con las que ofrece el mercado inmobiliario. Corresponde al estado, dentro del principio de subsidiariedad, en zonas planificadas donde los servicios públicos como agua, salud, escuelas, transporte y facilidades como parques, calles y aceras pavimentadas, establecimientos comerciales y oficinas públicas estén al alcance de la población, porque nadie quiere mudarse donde viva marginado y lejos de lo antes mencionado. Allí, quizá, esté el meollo del asunto.
BOTAS INCÓMODAS
La demanda contra el pago de la tasa administrativa de 75 dólares que quiere cobrar la alcaldía capitalina para liberar el cepo inmovilizador de los vehículos mal estacionados pone de manifiesto la competencia de más de una institución sobre el mismo asunto. El hecho demandado es la doble sanción que, supuestamente, se produce sobre la misma falta. Tanto la Autoridad de Tránsito como los municipios tienen autoridad para sancionar a los vehículos mal estacionado y, al disfrazarla como tasa administrativa, el sancionado termina pagando doble. Como estas dos, también con otras instituciones hay dualidad, no solo en el tema de las sanciones, sino en otros campos, producto de la fragmentación provocada por la creación de otra nuevas, especialmente con las autoridades que en los últimos años se han creado.
METROCABLE
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