Por Luís Alberto Díaz

La intromisión en las comunicaciones telefónicas de políticos y particulares es un hecho que preocupa a más de un panameño. Al parecer, ninguna persona está segura ni exenta de que cualquiera, con acceso a equipos de escucha, intervenga sus conversaciones de texto y de voz.

Panamá ha tenido, desde hace un poco más de un lustro, la experiencia de las interceptaciones telefónicas con fines ajenos a la investigación judicial. Incluso, equipo electrónico con esa finalidad ha sido comprado con dinero del estado, para luego desaparecerlos de la vista de las autoridades, sin conocerse su paradero real y si todavía está en poder de ex funcionarios o personas particulares.

La posesión y el uso indebido e ilegal de dichos equipos plantea un reto a las actuales autoridades. Hasta el momento no se conoce de investigación oficial al respecto, ni si la policía cuenta con los recursos tecnológicos para descubrir si alguien, con fines aviesos, se dedica a intervenir las conversaciones y comunicaciones de otras personas, en abierta violación a la privacidad de los ciudadanos y la propia ley.

 Es vergonzoso dedicarse a invadir la privacidad ajena interviniendo sus comunicaciones personales; pero, lo es más aún, el hecho aparente que la autoridad se encuentre impotente y vencida  por quienes ejercen una actividad criminal de manera abierta y demostrando poderío e impunidad ante la comunidad nacional.

Si las acciones pertinentes que debe tomar la autoridad demoran en darse, el mal se extenderá y alentará a otros a hacer lo mismo, con el consiguiente daño social e institucional que ello puede ocasionar. La suerte está echada y el tiempo se agota para actuar en consecuencia. Esperemos que el bien prevalezca sobre el mal, para evitar el peligro y el anarquismo social que se vislumbra en el horizonte panameño.