Washington / Agencias

Ha iniciado un proceso de movimientos en el Congreso de Estados Unidos a pensar en reformas para impedir a sus miembros beneficiarse económicamente de la información confidencial a la que tienen acceso, advierte hoy el diario The New York Times.

En un editorial titulado Hagan leyes, no dinero, ese periódico manifestó que a los legisladores del país no se les debería permitir comprar y vender acciones, o pertenecer a juntas corporativas.

‘Los miembros del Congreso sirven en puestos de privilegio y poder. Tienen la oportunidad de dar forma a la política pública para su propio beneficio, y lucrar con información que no está disponible para el público en general, y es claramente demasiado esperar que todos resistan la tentación’, consideró el medio.

Señaló que se necesitan reglas más fuertes contra actividades como las de Chris Collins, exrepresentante republicano por Nueva York que renunció a su escaño en septiembre pasado y se declaró culpable de abuso de información privilegiada.

Collins irá a la cárcel porque llamó a su hijo siete veces desde el jardín de la Casa Blanca para compartir la noticia privada de que el producto estrella de una pequeña compañía farmacéutica había fallado en un ensayo clínico clave. Esas llamadas telefónicas llevaron al hijo a deshacerse de sus acciones, recordó el editorial.

El Times apuntó que, en los años previos a ese uso de información privilegiada, ‘Collins ya estaba profundamente involucrado en los asuntos de esa compañía, Innate Immunotherapeutics, incluso cuando sirvió en varios comités del Congreso que desempeñaron un papel en la dirección de la política federal de atención médica’.

La publicación rememoró que en 2012 el Capitolio aprobó una ley que prohíbe a sus miembros y ayudantes lucrar con información confidencial, a partir de lo cual el comercio de acciones por parte de los legisladores disminuyó en 65 por ciento en los tres años siguientes.

Pero la ley de 2012 es insuficiente, agregó el medio, al recordar, entre otros asuntos, que en 2013 el Congreso avaló otra normativa en la cual revocó algunos de los requisitos establecidos un año antes, lo cual dificultó la identificación de irregularidades.