La Habana /PL

Por Carmen Esquivel Sarría

Avances y retrocesos a nivel político e institucional registró en 2019 Latinoamérica, donde si las elecciones en Argentina constituyeron una esperanza para las fuerzas progresistas; el golpe de Estado en Bolivia significó el regreso a los años de las dictaduras.

Ambos acontecimientos marcaron la situación regional en un año convulso, en el que también hubo masivas manifestaciones contra las políticas neoliberales en países como Chile, Ecuador, Colombia, Haití y Honduras.

ARGENTINA VOTÓ POR EL CAMBIO

En las elecciones del 27 de octubre en Argentina, la dupla representada por Alberto y Cristina Fernández, del Frente de Todos, se alzó con el triunfo con 48,24 por ciento de los votos, por encima del presidente Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, quien alcanzó 40,28.

Los analistas vinculan los resultados electorales al descontento de la población con las políticas del gobierno, que aumentaron el desempleo y la pobreza, provocaron el desmantelamiento de programas sociales, favorecieron la privatización, endeudaron al país y pusieron la economía bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su discurso de toma de posesión, el 10 de diciembre el flamante presidente lamentó recibir un país frágil y postrado, donde uno de cada dos niños es pobre, la inflación es la más alta en casi tres décadas, el Producto Interno Bruto (PIB) el más bajo desde 2009 y la deuda externa está en su peor momento.

‘Detrás de estos terroríficos números, hay seres humanos con expectativas diezmadas’, dijo Fernández.

El nuevo presidente aseguró que pondrá de nuevo de pie a la Argentina y consideró prioritario reimpulsar la economía con programas que favorezcan el desarrollo de la industria, el crecimiento de la mediana y pequeña empresas, pero sin dejar afuera a los sectores menos favorecidos.

VUELVEN LOS GOLPES DE ESTADO A LA REGIÓN

Si el triunfo de Fernández fue considerado por los sectores progresistas como un soplo de aire fresco; en el país vecino, Bolivia, el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales constituyó un retroceso para la democracia, luego de 13 años de un proceso de cambio que logró sacar de la pobreza a más de dos millones de personas y convirtió a la nación en la de mayor crecimiento del PIB a nivel regional.

El 10 de noviembre Morales anunció su renuncia a la presidencia luego que el ejército le pidiera abandonar el cargo y las fuerzas policiales se amotinaran, en contubernio con la derecha que denunciaba un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre.

En esas elecciones, el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) se impuso con el 47,8 por ciento de los votos, frente al 36,51 alcanzado por el opositor Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

Sin embargo, cuando faltaban por escrutar más de un millón de votos del área rural, donde históricamente el MAS ha tenido una amplia ventaja, el candidato de Comunidad Ciudadana comenzó a denunciar un supuesto fraude y la OEA ‘recomendaba’ la realización de una segunda vuelta.

Tras la ruptura del orden constitucional, fuerzas conjuntas del ejército y la policía desataron una violenta represión contra las manifestaciones populares, que dejaron como saldo más de 30 muertos, 800 heridos y una cifra superior a mil 500 detenidos.

Analistas políticos denunciaron la participación de la OEA y Estados Unidos en los recientes acontecimientos en Bolivia y advirtieron que detrás del golpe de Estado está el interés de apropiarse de los recursos naturales del país, sobre todo del litio y el gas.

El expresidente, quien se encuentra refugiado en Argentina, tras una estancia en México, denunció que el mayor pecado de su gobierno fue haber hecho tres cosas: en lo político, refundar a una Bolivia que pasó de ser un estado colonial a uno plurinacional, en lo económico la nacionalización de los recursos naturales, y lo más importante en lo social, la redistribución de la riqueza.

LULA LIBRE

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió de la cárcel el 8 de noviembre, tras cumplir 580 días de injusta detención en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná.

La justicia brasileña decretó su liberación luego que el Supremo Tribunal Federal considerara como inconstitucional el encarcelamiento de una persona antes de que se agoten todos los recursos posibles.

Lula había sido condenado a prisión en un proceso plagado de irregularidades y que, según denuncias, tuvo como fin apartarlo de la vida política, cuando todas las encuestas lo daban como favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil.

Aunque su condena no queda anulada y el líder brasileño deberá continuar la batalla por la justicia definitiva, su salida de la cárcel fue saludada por Gobiernos, líderes políticos y sociales de todo el mundo, quienes la consideraron como un triunfo de los pueblos y de la solidaridad.

EL MODELO NEOLIBERAL SE AGOTA

En 2019 América Latina se vio estremecida por manifestaciones populares en Ecuador, Chile, Colombia, Honduras y Haití, que si bien tuvieron sus propias peculiaridades en cada país, demostraron el agotamiento del modelo neoliberal impulsado por gobiernos de derecha.

En Ecuador, el detonante fue un paquete de medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estipulaba la eliminación de los subsidios a los combustibles y la reducción de los salarios y del período vacacional de los empleados públicos.

A las protestas en Ecuador le sucedieron las de Chile que, aunque comenzaron en repudio a un aumento en los pasajes, luego derivaron en un multitudinario reclamo por aumento de salarios y pensiones, mejoras en la salud y la educación, cambio del modelo neoliberal y reforma a la constitución heredara de la época de la dictadura.

Al igual que ocurrió en otros países, las manifestaciones en Chile fueron violentamente reprimidas por el ejército y la policía con saldo de decenas de muertos, más de tres mil heridos, entre ellos 350 con lesiones oculares causadas por perdigones y armas de fuego.

En noviembre comenzaron en Colombia movilizaciones contra un proyecto de reformas del gobierno sobre pensiones e impuestos, pero pronto se sumaron otras exigencias, como el derecho a una educación de calidad, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el cese de la violencia, en un país donde desde 2016 han sido asesinados más de 700 líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

En Haití las protestas contra la eliminación de la subvención a los combustibles, exigida por el FMI, se extendieron a todos los sectores con demandas que van desde más empleo y acceso a servicios básicos, hasta cambio de sistema, un gobierno de unidad nacional y juicio para los funcionarios acusados de corrupción.

Mientras, en Honduras se registran desde abril paros y manifestaciones contra los planes del gobierno de privatizar los sectores de la salud y la educación y para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, acusado de recibir dinero del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.

Aunque las demandas en cada país son diferentes, expertos coinciden en que el estallido social está vinculado al fracaso de las políticas aplicadas en la región que trajeron, entre otras consecuencias, el cierre de empleos, la privatización y los recortes en el gasto público.

Para el politólogo estadounidense Noam Chomsky, en América Latina las imposiciones neoliberales fracasaron a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios, que no dejaron ni progreso ni desarrollo, sino deudas masivas y más pobreza.

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región muestra una desaceleración generalizada y sincronizada a nivel de países y de sectores desde hace seis años y para 2019 el alza del PIB será de apenas 0,1 por ciento.

‘Ante este escenario la región no aguanta políticas de ajuste y requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad. Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las demandas sociales’, declaró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.