SAL EN LA HERIDA

Por Luis Alberto Díaz

@ladiazjr

La reputación como paraíso fiscal y la constante aparición del país en listas negras y grises nos dan mala fama en la comunidad internacional. Cambiar esa realidad reclama una firme acción del servicio diplomático panameño, el fortalecimiento del sistema de justicia, la eficiencia del engranaje fiscal y mejorar la capacidad legislativa.

Ni la reputación de paraíso fiscal ni la inclusión en aquellas listas son un fenómeno reciente. Es, como bien se sabe en ciertos círculos, una enfermedad de vieja data. Esa mala fama cobró mayor auge desde la creación del centro bancario a principios de los años setenta y, hace crisis, al ampliarse el alcance del delito de lavado de dinero más allá del ámbito del narcotráfico.

Panamá, como país en vía de desarrollo, como se le llamaba en aquel tiempo en que se creó el centro bancario, se vio obligado a plantearse su progreso de acuerdo a las circunstancias del momento. Su posición geográfica, su economía de servicios, y el uso de una moneda fuerte como el dólar, proponían el escenario perfecto. Las leyes de sociedades anónimas, nacidas con la república, y nuestra vocación transitista, facilitaron la tarea. El control de divisas que imperaba en la región latinoamericana, también contribuyeron a la causa del flujo de capitales por el país. Así fue como casi un centenar de bancos, conocidos y desconocidos, se instalaron en el istmo y generaron negocios financieros, asegurándose pingües ganancias con la oportunidad del momento y el imperante sistema fiscal.

Cuando se incorporó al delito de lavado de dinero la evasión fiscal, dichos bancos abandonaron la plaza local y el centro bancario panameño comenzó a introducir prácticas de negocio más acorde con la realidad actual. Pero, la vieja fama mantiene viva, en la mente de los políticos de algunos países, la figura del fantasma de paraíso fiscal del siglo pasado. Y en conjurar el espectro, poco ha ayudado el escándalo de las sociedades anónimas y de los sobornos de transnacionales internacionales, sobre todo de la industria de las mega construcciones, aunado a la actitud de ciertos políticos del patio.

Toda esta aureola de lavadores de dinero, de evasores fiscales, de políticos y jueces corruptos que nos adorna -merecida o no- debemos cambiarla por el bien del país. Es una tarea urgente. Demorar en hacer los cambios nos acarreará una fama peor en la comunidad internacional.

Aunque se han hecho esfuerzos por reformar las leyes, aún queda en pie una estructura que impide aplicarlas con eficacia. Panamá necesita convocar a personas capaces, no solo con la debida experticia profesional, sino con la suficiente solvencia moral y ética, al campo de la administración de justicia, el órgano legislativo, las finanzas del estado, y el servicio diplomático. Las leyes, por sí solas, no harán el cambio sin las personas adecuadas.

Mientras haya diputados con pobre educación, reputación dudosa y propensión al juega vivo y la delincuencia, ni las leyes ni la función fiscalizadora de la gestión de gobierno llenará su cometido. Mientras haya fiscales blandengues y jueces venales o con débil criterio judicial, la justicia no será justicia. Mientras la administración fiscal no enderece el rumbo y siga permitiendo la evasión, el contrabando, el reparto caprichoso del erario en exoneraciones y licitaciones con nombre y apellido, y el ocultamiento de bienes, de poco o nada servirán las leyes de control fiscal que se aprueben. Y, mientras el servicio diplomático sea la dádiva para enriquecer a unos y descanse sobre la base del amiguismo y la improvisación, en detrimento de un servicio exterior profesional y altamente calificado, el nombre de Panamá seguirá a merced de cualquier viento que sople en dirección de la imagen de paraíso fiscal y santuario de lavado de dinero que nos endilgan. El actual gobierno, al igual que los anteriores, tiene en sus manos cambiar esta historia. El presidente debe empezar por lo que tiene a su alcance: el control fiscal, el servicio exterior y el nombramiento de los altos funcionarios de justicia. Luego, plantearse una reforma real del Órgano Legislativo y del Órgano Judicial, a través de una reforma constitucional dedicada, exclusivamente, a estos dos aspectos, olvidándose de las otras reformas que tiene en mente. Estos son los pasos inmediatos que deben darse, el resto vendrá por añadidura.

De listas negras y paraíso fiscal se escuchará hablar o no, dependiendo de las acciones que se tomen ahora y de la rendición de cuentas, declaración pública de bienes y transparencia que se le exija a los actuales funcionarios de los tres poderes del estado. La suerte está echada.