La lucha política oculta tras el auge de la delincuencia
Por: Jorge Zúñiga Sánchez
La observancia de la ley es un acto de voluntad individual, que de ser necesario se impondría por medio de la fuerza institucionalizada. Para sobrevivir en una sociedad organizada, el hombre decide si trabaja para “levantar” el dólar, o se la ingeniará para “arrancártelo”. Con sólo mirar los titulares de los diarios locales, se puede prescindir de las estadísticas criminales y concluir categóricamente, que algo falta para que las personas se sometan al orden.
Si las fuerzas morales resultan insuficientes para lograr el autocontrol personal, y el Estado es incapaz de lograr la armonía social, nuestra existencia institucional está al borde de la quiebra.
La ley son mandatos que se imponen, y previendo que excepcionalmente serán transgredidas. Se le resta la trascendencia al asunto, si redujéramos el problema al asunto un administrativo a la falta de vigilancia ciudadana. Pocos prestan atención a las consecuencias reales de una convivencia social en la que lo extraordinario fuera el acatamiento de la gente al orden, seguimos concentrando nuestras esperanzas en la potencia de la ley en la capacidad de sus operarios.
Tras el estreno de la democracia, a marcha forzada las nuevas generaciones entendieron que tras toda forma de orden, se oculta el germen de aquel oprobioso pasado autoritario. Bajo esta perspectiva, el ejercicio de la libertad individual y el correlativo deber de aceptar una vida reglada, se conciben como opciones propias del ciudadano libre.
El interés del ciudadano por asumir el control absoluto en todos los aspectos de la actividad pública, pareciera ser el gran triunfo de la sociedad democrática moderna. Es entendible la desconfianza ciudadana en la ineficacia de los mecanismos de control institucional. Sin embargo no hay un equilibrio entre ese espíritu fiscalizador y el respeto a las potestades originarias del Estado de asegurar su propia subsistencia.
En democracia no es normal el abismal distanciamiento existente entre los ciudadanos y sus diputados, pues la ley así concebida, solo se respetarla por la fuerza. Es muy simplista esa crítica generalizada que busca las causas del crecimiento del crimen, en que el policía, el juez o el fiscal no cumplen con su trabajo. Mientras la ley recoja formalmente el sentir de las personas, y a los ciudadanos se les “resbale” todo, serán insuficientes los esfuerzos institucionales de prevenir, reprimir y perseguir el delito.
