Por Olmedo Beluche

Ya lo advertía el Polo Ciudadano en nuestro comunicado del 15 de marzo: “que no pretenda nadie lucrar de la crisis creada por la pandemia, ni aprovechar las circunstancias excepcionales de orden público para imponer recortes a los derechos sociales, económicos y democráticos de ningún sector de la población panameña”. Y es lo que ha pasado.

Con fecha del 20 de marzo de 2020 el gobierno de Laurentino Cortizo emitió el Decreto Ejecutivo No. 81, el cual en su resuelto 2 suspende todos los contratos de trabajo de todas las empresas que cierren por la crisis del “corona virus”, que son la mayoría, con lo cual los “empleadores no están obligados a pagar los salarios”.

Con este decreto el gobierno Cortizo-PRD-Molirena deja en el desamparo a centenas de miles de trabajadores y trabajadoras, a nivel nacional, que ya no podrán cobrar ni siquiera la quincena que está corriendo como han pasado a notificar muchísimas empresas.

La medida sugiere (art. 5) que las personas asalariadas que acaban de quedar en el desamparo serán cubiertos por el llamado Plan Panamá Solidario, por el cual recibirían una “ayuda” no especificada de parte del Estado. Pero resulta que ese “plan” se crea con la exigua suma de 50 millones de balboas (¡apenas el 0.22% del presupuesto nacional!) lo que evidentemente no alcanzará para cubrir los ingresos perdidos de quienes despidan. Además, de ese plan debe ayudarse también a los trabajadores cuenta propistas e informales que al quedarse en casa tampoco tienen ingresos para vivir.

Los números no mienten: Según el INEC, la Población Económicamente Activa de Panamá es de 2,066,753 personas, de las que están ocupadas 1,920,642, cuyo 30% son “cuenta propistas” que van a requerir ayuda. Si dividimos los B/. 50 millones asignados al plan por el gobierno, entre cerca de 576,192 cuenta propistas toca a B/. 87 por persona. A los que hay que sumar un buen porcentaje del poco más de un millón de trabajadores del sector privado que podrían quedar cesantes en base al Decreto No. 81, tendríamos una ayuda irrisoria. Es ridículo, sabiendo que la mediana salarial en Panamá es de B/. 721.90 y no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

El Polo Ciudadano exige del gobierno que deje de defender los intereses de los que más tienen, de la oligarquía, y no ataque los derechos de la clase trabajadora y la población empobrecida con las políticas neoliberales y la corrupción.

Exigimos del gobierno de Cortizo asegurar un Fondo o Plan verdaderamente consecuente con las necesidades de la mayoría, para lo cual debe: 1. Cesar absolutamente el pago de la deuda externa a bonistas y entidades financieras internacionales; 2. Establecer un impuesto sobre la renta del 10% a las grandes fortunas personales y a la gran empresa especialmente del sector logístico suspendiendo sus exoneraciones fiscales. 3. Suspensión de pago de servicios públicos para la población trabajadora por 90 días (agua, luz, basura, etc.) y deudas como hipotecas, préstamos, corredores, servicio de transporte público, etc.

¡Que los pobres no paguen la crisis del “corona virus”!

Panamá, 22 de marzo de 2020.