Quito / Agencias

La Fiscalía General de Ecuador pidió la pena máxima para el expresidente Rafael Correa y otra veintena de procesados, así como una reparación integral de más de un millón de dólares al Estado por su presunta implicación en el delito de cohecho en el caso conocido como «Sobornos» (2012-2016).

Diana Salazar, fiscal general del Estado, en un alegato de unas tres horas expuso su argumentación y señaló que la audiencia, que se prolonga cerca de dos semanas, «demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el expresidente Rafael Correa.».

El delito está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena de tres a cinco años si es un servidor público el que ejecuta el acto.

La fiscal solicitó al tribunal de la Corte Nacional, donde se ventila el caso, que los procesados «sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas».