Por Luis Alberto Díaz

@ladiazjr

La situación que enfrentará el país después de controlada la pandemia del Covid-19 será de gran magnitud. Con la estructura económica debilitada, los recursos de salud mermados y la presión social sobre el gobierno, el panorama pinta sombrío.

Adelantándose a ella, el gobierno ha recurrido a asegurar créditos y disponibilidad de dinero para enfrentar el problema que se nos viene encima. Con 2,500 millones de dólares provenientes de bonos colocados en el mercado internacional, la autorización para pignorar recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y los recientes 1,300 millones de créditos autorizados por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo el gobierno se asegura fondos por casi 5,000 millones de dólares para atender los sectores de salud, alimentación, seguridad y empleo, además de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y el sector agropecuario a recuperarse o, por lo menos, seguir operando por un tiempo prolongado.

El gran reto para el gobierno está, al menos, en tres puntos claves: saber cómo invertir esos fondos de manera eficaz, equilibrar las finanzas públicas conforme a la realidad fiscal, y reducir la burocracia y el gasto estatal sin que ello aumente abruptamente el desempleo en el país.

Sabido es que el sector informal y el sector de emprendedores o trabajadores por cuenta propia tienen un impacto enorme en la economía panameña. Se calcula que la mitad, más o menos, de las personas que declaran tener un ingreso están en este segmento de los informales. De allí que las acciones económicas del gobierno, luego de controlado el Coronavirus, deben dirigirse con fuerza a este sector de la población, con el fin de reincorporarlos al sistema productivo, dándoles el subsidio necesario -no reembolsable- para ello. Subsidio que no superaría los 500 balboas per cápita, ya que sus actividades requieren de muy poco capital para funcionar.

Además del sector informal, las pequeñas y medianas empresas también requieren de un plan de financiamiento, asesoría tecnológica y acceso eficiente a los mercados. Casi sin excepción, ellas componen la base de las empresas nacionales cuyas inversiones, salarios y utilidades tienen un efecto de retorno económico doméstico que impacta grande y favorablemente en la economía nacional.

Otro sector que debe ser atendido con fuerza, en la era post Covid-19, es el cooperativo. Panamá tiene un sector cooperativo robusto, pero mayormente en el ahorro y crédito, no así en la producción. El fomento y expansión del sector cooperativo, principalmente en el sector agrícola y pesquero, sería fundamental para la rápida recuperación económica del país y su apuntalamiento futuro.

En cuanto a guardar el equilibrio de las finanzas públicas, el gobierno tendrá que administrar muy bien los ingresos dando prioridad al control fiscal en la contención del gasto y en la inversión en obras públicas. En este último aspecto debe posponer aquellas mega obras que no tengan ya contratado su financiamiento y dedicar los recursos disponibles a la pavimentación y rehabilitación de carreteras ya existentes, reparación y mantenimiento de estructuras públicas, y construcción de instalaciones vitales como plantas potabilizadoras, hospitales y centros de salud, escuelas, e instalación de paneles solares en los edificios públicos para disminuir el pago de energía eléctrica y usar el remanente de su producción de electricidad para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país. De igual manera, regular el uso de los vehículos del estado e incorporar al parque de automóviles estatales los propulsados por motores híbridos o totalmente eléctricos. Ello representaría un ahorro notable en el consumo de combustible y una disminución en los niveles de contaminación ambiental.

Reducir el tamaño de la burocracia estatal, sobre todo en la planilla, requiere, también, de ciertas medidas urgentes, tales como: el uso de tecnologías que agilicen la labor del gobierno, los servicios públicos y la reducción de personal o recurso humano poco calificado; el cese gradual de aquellos funcionarios que siguen trabajando dentro del sistema y que ya han alcanzado la edad de jubilación, así como la tercerización de ciertos servicios como los de mantenimiento, limpieza, seguridad, ornato y mensajería. Estos servicios serían traspasados a pequeñas o medianas empresas panameñas, que podrían incorporar dentro de su personal a funcionarios que ya realizaban esas labores con el estado.

El día después del Covid-19 es una realidad y un desafío que tendrán que enfrentar todas las naciones del planeta. Es una coyuntura que va más allá de las gestiones de salud y sanitarias que impone la actual crisis por causa de la pandemia. Dar el salto a la nueva era que esto representa depende en grado mayor de los gobiernos y sus autoridades, la sociedad civil y los particulares en general. La suerte está echada y no hay retorno.