Por Luis Alberto Dìaz

@ladiazjr

Las estructuras del estado y su gobierno dentro del régimen democrático están constituidas para garantizar su funcionamiento a través de entes separados, con el fin de evitar el abuso de poder y el control amañado de su administración. Y, además, procurar el desempeño de una gestión administrativa que procure el bien común.

Cuando este principio estructural se rompe, los cimientos de la democracia se debilitan y corroen, poco a poco, los fundamentos del régimen hasta terminar con su destrucción. Un solo acto, aparentemente intrascedente o legitimado por el amañamiento de la ley, basta para poner en peligro el funcionamiento de toda sociedad democrática.

Tal es el caso del nombramiento de un diputado oficialista en la directiva del Canal de Panamá. No es el primero que ocurre, pero sí otro que reafirma la actitud recurrente del Órgano Legislativo en favorecer a los suyos, mayormente miembros del partido gobernante en turno, en posiciones públicas como la ya mencionada y otras que van desde magistraturas en la Corte Suprema hasta ministerios, embajadas y entidades autónomas del estado.

Si los diputados han recibido del pueblo un mandato para formar parte del Órgano Legislativo, ¿por qué insisten en auto escogerse para llenar vacantes en otros órganos del estado? ¿Acaso los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben actuar separadamente para preservar el régimen democrático? ¿Acaso no se dan cuenta que con esas acciones le dan la espalda al mandato recibido por sus electores?

Estas actuaciones perversas de los diputados deben corregirse, por el bien de la democracia, del país, y del propio órgano del estado que representan. Repetirlas de manera consuetudinaria no hace otra cosa que hundirlos más en las aguas del mar de corrupción que ya los adorna. Porque, en la mente del panameño común, los funcionarios más corruptos son los diputados; imagen bien ganada, gracias a las actuaciones de algunos de sus miembros que han traído a menos la honorabilidad del cargo y de la Asamblea misma.

Buscarse el acomodo económico, ya sea por el jugoso salario de la posición o por la tentadora oportunidad de hacer negocios turbios, es un acto deleznable impregnado de deshonestidad, falta de escrúpulos, carencia de civismo y ausencia de todo sentido moral y ético.

Todo diputado ha alcanzado esa posición por la voluntad popular. Es el voto ciudadano el que lo ha puesto allí y es a los ciudadanos a quien se debe y ha de responder.  Si alguna reforma constitucional merece la pena hacer en primer lugar, cuando llegue el momento, es destruir la creencia de que la curul ganada pertenece al partido político. ¡No, señor!  La curul pertenece al ciudadano, porque ella expresa su voluntad manifiesta a través del sufragio. Si un diputado le da la espalda a sus electores, para irse a ejercer funciones en otro cargo público, su puesto debe ser llenado por el candidato siguiente más votado, sin importar el partido, porque esa ha sido la voluntad del pueblo en su momento. Y que no quieran justificar la ausencia y el abandono del cargo con el suplente, porque una vez el principal deja su cargo, el suplente debe irse con él. Es más, esa figura del suplente, haragana y parásita, debe ser eliminada, porque, en la práctica, está más en función electoral que en aportar algo concreto y necesario para la labor legislativa.

Con la escogencia de uno de sus miembros para integrar la junta directiva del Canal, la Asamblea Nacional continúa demostrando su poco sentido de patria, su falta de voluntad para sacar la politización del manejo del Canal de Panamá, como manda la Constitución, el ADN que tiene de conglomerado juegavivo y su actitud acomodaticia que busca más servirse del cargo que servir desde el cargo al pueblo que los eligió.