Por Luis Alberto Díaz / @ladiazjr

La política es el arte de hacer posible lo imposible, a través del diálogo y la negociación. Bien llevada, la política ayuda al progreso de las naciones y permite a la población de los países realizarse y alcanzar niveles de calidad de vida individual y colectivo en los que la dignidad de las personas es valorada y respetada.

Cuando la visión de la política pierde ese principio, para enfocarse solo en el manejo electoral y el ejercicio del poder por el poder, toda ella se ve afectada y crea en los ciudadanos una sensación de suciedad y corrupción, al abandonarse su verdadero propósito y facilitar el uso del poder para que los copartidarios saquen ventaja de él, se enriquezcan, y administren la cosa pública como una finca particular.

Tal es el caso de las últimas situaciones con el uso de los fondos estatales por parte de los actuales gobernantes. Algunas figuras con altos cargos y personas allegadas a ellos, ya han sido catalogados como asaltantes del erario y adalides de la corrupción. Esa es la imagen pública que proyectan, aunque no medie investigación que así lo pruebe. Esa es la figura que prevalece en la opinión pública, la cual no funciona con base en pruebas, sino con indicios y argumentos lógicos que incitan a pensar y creer que realmente existe el hecho o la posibilidad cierta de un acto de corrupción.

Al centralizarse las compras de equipos e insumos de salud en la presidencia de la república, con motivo de la pandemia del Covid-19, el foco de atención se dirige hacia esa institución. El ministerio de la presidencia, instancia encargada de la logística de compras en este caso, ha resultado ser el epicentro del manejo cuestionado de ciertas compras cuyo monto aparenta ser escandaloso. Con cifras millonarias soltándose a los cuatro vientos, la gestión de compras a precios más altos de los que pueden encontrarse en el mercado regular, ha creado la duda entre la ciudadanía al ser consideradas como transacciones de poca virtud.

La gota que derramó el vaso fue el intento de compra de respiradores mecánicos, cuyo precio por unidad era diez veces mayor que lo usual. De poco han servido las explicaciones de escasez, especulación en el mercado internacional, y demanda encarnizada por hacerse de ellos a cualquier costo. La opinión pública ya tiene su idea. Y a tal punto llegó el asunto, que provocó la renuncia del vice ministro de la presidencia y obligó a prometer una investigación minuciosa del asunto.  Incluso, a la cuestión de los respiradores se han sumado otras compras como las de mascarillas y alcohol gel. Todas con un denominador común: el aparente sobreprecio.

Pero, como bien dice el refrán, eso no se queda ahí sino que se hincha. Y aquí entra al ruedo la figura del vicepresidente y, por añadidura, ministro de la presidencia. Responsable o no de los actos que se le achacan, su papel como ministro de la presidencia se ha convertido en el punto débil del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.  Como dijimos antes, la opinión pública no necesita obligatoriamente de pruebas: basta con indicios o argumentos lógicos que la lleven a pensar que el hecho es cierto, para que así lo asuma. Es aquí, en este punto, que entra a jugar su papel la política. Y así debe tratar la situación el presidente. No se trata de la inocencia o culpabilidad de su ministro de la presidencia, sino de lo que conviene a su administración para mantener la credibilidad y el clima de gobernabilidad que necesita para llevar adelante y con buen pie su gestión gubernamental. Así, a secas.

Como están las cosas, el presidente debe relevar del cargo de ministro de la presidencia a quien lo ocupa actualmente, para darle al pueblo la confianza de que él, como mandatario, está dispuesto a mantener una actuación ética correcta, transparente y respetuosa de la constitución y las leyes de la república, por encima de los compromisos políticos, los afectos y el partidismo que tradicionalmente se le imponen a quien ocupa el solio presidencial.

Darle una salida honrosa del cargo al actual ministro de la presidencia, en atención a su condición de vicepresidente, es lo politicamente recomendable y correcto en este caso. Y debe hacerse pronto, o las consecuencias y el costo político no solo serán mayores si se demora en ello, sino que dejará marcado al propio presidente y su gobierno con el estigma de la corrupción y el asalto descarado a las arcas del estado, que ya ostentan otros. Le toca al mandatario ponerse la mano en el pecho y actuar en consecuencia.