Por Olmedo Beluche

Para iniciar es de rigor moral agradecer a los miles de profesionales de la salud que en Panamá y en todo el mundo combaten en la primera línea la pandemia del COVID-19. La ciudadanía y la humanidad completa deben su presente y su futuro a técnicos/as, laboratoristas, enfermeras/os, médicos/as, trabajadores manuales, investigadores y especialistas, quienes, con su sacrificio, a veces incluso de sus vidas, hacen lo posible por poner freno a la enfermedad y la muerte.

También expresamos nuestro respeto al equipo de salud que asesora al gobierno panameño en esta crisis, pues sin duda está compuesto por profesionales altamente capacitados y especializados, quienes de manera honesta y desinteresada están dirigiendo la lucha contra la pandemia con los criterios científicos más actualizados que se conocen. Lo mismo se podría decir de los equipos técnicos de la mayoría de los países del mundo, pero lamentablemente no de todos.

No opinamos igual del equipo económico del gobierno panameño, del cual el presidente Laurentino Cortizo dice sentirse especialmente orgulloso. Los asesores del área económica pertenecen en su mayoría, empezando por el ministro Héctor Alexander, al grupo de neoliberales dirigido desde los años de 1980 por Nicolás Ardito Barletta, genuino “Chicago Boy” panameño. A estos viejos neoliberales los acompañan funcionarios y empresarios relacionados íntimamente con los sectores oligárquicos que controlan el país.

El enfoque neoliberal de la política económica es el que ha favorecido las privatizaciones, los recortes de gastos sociales y el deterioro sistemático de la educación y la salud públicas.

La forma cuestionable como se están manejando miles de millones de dólares en préstamos públicos y su eficacia dudosa en la economía nacional, es una característica típica de los neoliberales del equipo económico. Las cifras son alucinantes: 2000 millones en bonos a mitad de 2019; otros 2500 millones en bonos en marzo-abril de 2020; 300 millones con el BID; 500 millones con una agencia del Banco Mundial; 500 millones con el FMI (González Jiménez, 2020).

Sumados estos números a la deuda acumulada por los gobiernos anteriores, ya se superan ampliamente los B/ 30 mil millones de deuda pública, cercana o superior al 50% del PIB. Si se tiene en cuenta que esta deuda habrá que pagarla en un futuro mediato contra el gasto social del gobierno, tal y como sucede en otros países del mundo, es para perder el sueño. Solo este año 2020, el “equipo económico” había presupuestado el pago por servicio de la deuda por más de 3,700 millones de balboas.

La pandemia nos pilló con un sistema de salud pública debilitado

Como decía un reciente comunicado del Polo Ciudadano de Panamá, esta pandemia tomó desprevenidos a todos los gobiernos del mundo, incluyendo al nuestro, y razonablemente no se les puede exigir que previeran lo imprevisible. Pero también es cierto que hay países que estaban mejor preparados que otros para enfrentar esta crisis, y son aquellos que tienen robustos sistemas de salud pública.

En Panamá, aunque todavía queda algo del exitoso sistema de salud pública que tuvimos, éste ha sufrido los embates de dos flagelos complementarios: el neoliberalismo y la corrupción. Y si no se ha ido más allá en el proceso de destrucción, depredación y privatización ha sido gracias a la lucha activa de los gremios del sector salud y del movimiento obrero organizado.

Los síntomas de esos dos males todos los conocemos porque han sido escandalosos: el envenenamiento masivo con dietilenglicol, la infestación de bacterias nosocomiales como la KPC con su secuela de muertos, el envenenamiento de recién nacidos con heparina, la alta mora quirúrgica y de citas con especialistas, el desabastecimiento de medicamentos, etc.

Panamá, durante todo el siglo XX hasta la segunda mitad de los años de 1970 hizo enormes avances en salud pública. En gran parte gracias a las medidas profilácticas impuestas por William Gorgas durante la construcción del Canal de Panamá, que a su vez debe su base científica al médico e investigador cubano Carlos Finlay.

Otro tanto hizo un enfoque de la política social que hoy podríamos llamar “keynesiano” y que empezó desde los años 1940, cuando el presidente Arnulfo Arias M. fundó la Caja de Seguro Social, idea impulsada por el movimiento obrero de aquella época. Enfoque económico que, en materia de salud pública alcanzó su cénit bajo la dirección como ministro del Dr. José Renán Esquivel, nombrado y respaldado por el general Omar Torrijos.

Como bien recordaba hace poco el profesor Marco Gandásegui (Gandásegui hijo, 2020), José Renán Esquivel se enfocó en la parte primaria de la salud pública, y en la participación de las comunidades más humildes en el proceso preventivo, con los llamados Comité de Salud que, en cada aldea y barrio se aseguraban de que la comunidad recibiera la atención básica, desde las vacunas, al seguimiento obstétrico y la educación popular en salud.

El sistema fue muy exitoso y Panamá llegó a estar entre los países con mejor sistema de salud pública de América Latina y el Caribe. Todos los indicadores deban cuenta de ello.

Pero llegaron los años de 1980, el Consenso de Washington, los enfoques neoliberales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial imponiendo la destrucción de todo lo avanzado en materia de políticas sociales en particular en salud pública.

Hay que decirlo con nombres y apellidos porque las responsabilidades sobre los actos públicos no recaen en entes abstractos, sino en las personas naturales que los ejecutan: en Panamá, empezaron los primeros “ajustes estructurales” como se les llama, desde principios de los ochenta, estando vivo Torrijos todavía, pero se profundizaron bajo el régimen del general Noriega y su acuerdo con Estados Unidos para imponer mediante el fraude electoral al neoliberal Barletta en la Presidencia de la República en 1984 (Beluche, 2001).

Aún recuerdo que, en 1984 – 1985, siendo estudiantes de sociología apoyábamos las muchas huelgas de trabajadores contra el paquete neoliberal. Uno de los dirigentes gremiales, cuyo nombre he olvidado, que trabajaba en el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), ente que combatía la proliferación del mosquito Aedes y que era de las mejores instituciones de salud pública nacidas con la República, nos advertía contra el peligro de desmantelar su institución y el posible retorno de plagas y enfermedades que en ese momento estaban superadas.

Hoy, cuando escucho de los miles de afectados por el dengue, el chikungunya, el zika, la malaria y la fiebre amarilla, me acuerdo perfectamente de las advertencias de ese soldado de la salud del SNEM y de los gobernantes y funcionarios que destruyeron esa entidad para favorecer el pago de la deuda externa.

Barletta, que como presidente se hizo tan impopular que fue sacado del poder en septiembre de 1985, pero Héctor Alexander y su equipo continuaron administrando la economía los siguientes años.

El neoliberalismo se profundizó con la invasión norteamericana de 1989. En junio de 1990, Estados Unidos impuso a Guillermo Endara un llamado “Convenio de Donación” por el cual se definía la política privatizadora y de desmantelamiento del sector público. Cada gobierno desde entonces ha hecho su parte y lleva su responsabilidad.

La destrucción de la atención primaria y el negociado de la construcción de hospitales mal equipados

Desde mediados de los años 90 el objetivo de las políticas de salud dejó de ser la prevención para buscar la forma de enriquecer a su costa a quienes viven del negocio privado de la salud.

Deterioro de la atención de pacientes, a partir de la disminución relativa (respecto del crecimiento poblacional) del personal de salud, retrasos inhumanos en la programación de citas y operaciones, falta sistemática de medicamentos, externalización de servicios, incluyendo operaciones, proliferación de infecciones nosocomiales y cierres por largos períodos de salas y hospitales.

Uno de los aspectos más perversos ha sido la desatención y liquidación de los Centros de Salud de las comunidades para enfatizar las grandes inversiones, con préstamos públicos, en hospitales. Es que en eso está el negocio. Una forma legal de depredar al estado en beneficio privado es construir y construir. Todo es legal, aunque puede que desde el punto de vista social no sea necesaria o sea un gasto superfluo respecto a necesidades apremiantes. Pero la consigna neoliberal ha sido “id y enriqueceos”, al estilo Deng Xiaoping.

En los últimos 20 años, en vez de caminar hacia la integración de la salud pública en un solo sistema, asistimos a una carrera entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), a ver quién construye más hospitales en todo el país, fomentando a veces una duplicidad, hasta inútil, porque en muchos casos la falta de especialistas y equipo termina derivando los casos graves al Complejo Hospitalario Metropolitano o al Hospital Santo Tomás.

Parte de esa depredación fue la decisión de la administración de la CSS bajo el gobierno de Ricardo Martinelli de construir una “ciudad hospitalaria” con costos iniciales proyectados por 500 millones de dólares, y que ya se estima superan los 900 millones de dólares, en un momento en que la institución estaba desabastecida hasta del cuadro básico de medicinas. Gasto paquidérmico que no ha servido para combatir el COVID.

Con ese dinero malgastado: ¿Cuántas Unidades de Cuidados Intensivo se hubieran podido construir? ¿Cuántas salas y camas adicionales podríamos tener? ¿Cuántos respiradores? ¿Qué cantidad de equipo de protección podríamos disponer al servicio del personal de salud? ¿Cuántos especialistas, médicos generales, enfermeras, auxiliares, aseadores podrían trabajar para el sistema evitando su colapso?

¿Esta actitud depredadora con los fondos de la CSS ha cambiado bajo el gobierno de Cortizo y en medio de la pandemia? El reciente escándalo producido por un contrato de B/. 168 millones para externalizar (privatizar) en favor de una empresa mexicana la mejora en la eficiencia del reparto de medicamentos deja mucho que pensar (Rodríguez, 2020).

Otro problema de la privatización de la salud es la falta de especialistas en las diversas áreas, y eso tiene una evidente razón: el bloqueo de quienes controlan la medicina como negocio y no quieren competencia.  Aquí también el estado debe pasar a controlar e imponer el criterio que más convenga a las mayorías.

Del enfoque represivo al participativo y democrático en el combate al COVID y sus consecuencias económicas

 La pandemia del Covid-19 ha hecho realidad el sueño de los militares y policías con mentalidad represiva: tener a toda la población retenida y controlada. Este tipo de gestión represiva se ha hecho especialmente chocante cuando se han producido protestas en las comunidades por el reparto ineficiente del Plan Panamá Solidario, consistente en bolsas de comida y B/. 80.00 en cheques por familia.

Tampoco es correcto idealizar a la gente, y saber que hay algunos que pensando de manera egoísta han pretendido saltarse la cuarentena, y para obligarlos a disciplinarse es necesaria la autoridad policial.

Pero también conviene tener un criterio que entienda que el criterio de la cuarentena alegremente encerrado en casa viendo la tele y las redes sociales es un sueño burgués que ignora las reales condiciones de las viviendas de gente pobre, que vive hacinada en pequeñas habitaciones, con mala ventilación y donde la costumbre es una interacción comunitaria fuerte. En esas condiciones, especialmente para la juventud de los barrios es muy difícil que se le pida quedarse sentados en la sala (Paredes, 2020).

Aquí es donde sería muy efectivo otro tipo de gestión más participativo y democrático, que incorpore a la gente de manera activa y no pasiva, en el combate a la epidemia. Aquí es donde los llamados Comités de Salud del Dr. Renán Esquivel, que recordaba el Prof. Marco Gandásegui, serían mucho más efectivos (PSOCA, 2020).

Estos comités podrían ejercer múltiples funciones: vigilancia epidemiológica, atención y seguimiento de los enfermos, repartición de medicamentos, de bolsas de comida y de las ayudas del Plan Panamá Solidario.

Pero este tipo de organización democrática y participativa de la comunidad requiere también otro tipo de gobierno. Uno donde los criterios de la política económica y social tengan como centro la vida, la vida de la gente, y no la ganancia y el mercado. Un gobierno así no puede estar dirigido por los neoliberales que han debilitado al sistema público de salud.

El capital-mercado o la vida

Esta tragedia mundial, de la que nuestra generación no tiene referentes de nada parecido, y lo más cercano que podemos invocar en comparación, han sido la I y la II Guerras Mundiales, eventos catastróficos usados por los capitalistas no solo para disputarse el control del mundo, sino también para salir de la crisis del sistema destruyendo fuerzas productivas y vidas. 

La bomba invisible del virus que ha causado la paralización casi completa de la economía mundial es una destrucción masiva de fuerzas productivas como las de las guerras. Ramas enteras de la industria se han detenido y decenas de millones de trabajadores han quedado cesantes. Los derechos laborales, las contrataciones colectivas, hasta los derechos civiles han cesado de existir. El día “D” (después) de la pandemia, saldrá un mundo de mayor explotación, pobreza y desigualdad social si este sigue siendo capitalista.

La masividad del desempleo en todos los países ha puesto sobre el tapete la lucha por dos demandas conectadas entre sí: la suspensión de pagos de las deudas públicas y una renta básica universal para que todas las personas tengan un ingreso mínimo vital con el que puedan comer y pagar necesidades elementales.

Respecto a esta última propuesta, el Papa Francisco ha dicho: “Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal” para todas las personas que carecen de un empleo remunerado (Francisco, 2020).

Sobre la primera propuesta, el Polo Ciudadano de Panamá ha sostenido: “la suspensión del pago de la deuda pública de este año, equivalente a B/. 3,000 millones. De ese recurso salen 10 millones de salarios de B/.300.00 suficientes para sostener a un millón de familias de cuatro miembros por el resto del año” (Ciudadano, 2020).

De las guerras mundiales también surgieron grandes cambios y revoluciones, porque la gente no se echa a morir en su casa, sino que sale a dar la pelea por la vida. La I Guerra Mundial significó no solo la Revolución Socialista en Rusia, sino el final de los grandes imperios: alemán, turco, austro húngaro y ruso.

La II Guerra Mundial marcó la decadencia del imperio británico y el final del imperio colonial mundial, dando paso a las guerras y revoluciones de liberación nacional: en China, la India, Vietnam, África, etc.

Así que la tragedia planetaria del COVID-19 puede dar inicio a un mundo nuevo, más democrático y colectivo, donde impere la propiedad pública, como han mostrado los sistemas de salud público que son los que están salvando a la humanidad.

Como muchos han dicho por estos días, el dilema es entre la vida o el mercado (el capital), o como dijera hace cien años Rosa Luxemburgo a las puertas de esa tragedia que fue la guerra, el dilema es: Socialismo o Barbarie.

Bibliografía

Beluche, O. (2001). Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá. 1980 – 1990. Segunda Edición. Panamá: ARTICSA. Obtenido de Biblioteca Nacional de Panamá: file:///C:/Users/olmed/AppData/Local/Temp/diez.pdf

Ciudadano, P. (11 de Abril de 2020). Panamá: Exigimos al presidente Cortizo ratificación inmediata de los proyectos de Ley 287 y 295. Kaos en la Red, pág. Panamá. Obtenido de https://kaosenlared.net/panama-exigimos-al-presidente-cortizo-ratificacion-inmediata-de-los-proyectos-de-ley-287-y-295/

Francisco. (12 de Abril de 2020). El Papa a los movimientos populares: salario universal para los excluidos. Vatican News, pág. Papa. Obtenido de https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francisco-carta-movimientos-populares-salario-universal.html

Gandásegui hijo, M. A. (11 de Abril de 2020). ¡Qué falta hacen los Comités de Salud de José Renán Esquivel! La Estrella de Panamá, pág. Opinión.

González Jiménez, R. (14 de abril de 2020). $1,300 millones más para enfrentar crisis. La Prensa, pág. Portada.

Paredes, N. (12 de Abril de 2020). Coronavirus | «El confinamiento es un concepto burgués»: cómo el aislamiento afecta a las distintas clases sociales. BBC News Mundo, pág. Internacional. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52216492

PSOCA. (13 de Abril de 2020). CENTROAMÉRICA.- Ante la inoperancia de los gobiernos: llamamos a formar Comités de Salud Pública (CSP) en todas las comunidades. El Socialista Centroamericano, pág. América Central. Obtenido de https://elsoca.org/index.php/america-central/declaraciones-del-psoca/5380-centroamerica-ante-la-inoperancia-de-los-gobiernos-de-centroamerica-llamamos-a-formar-comites-de-salud-publica-csp-en-todas-las-comunidades

Rodríguez, R. (11 de Abril de 2020). Insospechada guerra política por millonaria licitación de CSS. La Prensa, pág. 6A.