por Luis Alberto Díaz

Las medidas de control del gasto público anunciadas por el gobierno nacional son acertadas, pero insuficientes para enfrentar el reto post Covid-19 que tiene por delante. Sin duda, necesita atreverse mucho más allá de las metas ya fijadas.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se recortarán 500 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento, se dejará de contratar personal para 10,420 posiciones por un monto de 151 millones de dólares, y se reducirán pagos de viáticos, transporte y otros servicios no personales por un total de 274.1 millones. Adicional a ello casi 73 millones en materiales y suministros y otros 2.6 millones en maquinaria y equipo, también, se recortarán del presupuesto. Los proyectos de inversión que no se hayan iniciado, igualmente, se suspenderán.

Todo eso vale; pero la situación provocada por la suspensión de las actividades económicas por causa del Coronavirus, ha traído como consecuencia una contracción económica general que afecta, gravemente, las recaudaciones fiscales. Ante ese panorama, el esfuerzo debe ser mayor en cuanto a control del gasto público y reclama tomar decisiones firmes y, en algunos casos, impopulares, que tiendan a equilibrar las finanzas públicas y garantizar el clima propicio para reactivar la economía haciendo énfasis en el sector doméstico.

Uno de los mayores gastos del sector público está en la planilla. Si bien se dejará de contratar personal por casi 150 millones de dólares, eso no reduce el actual gasto en salarios. Se impone una reducción real del rubro, sin recurrir a destituciones masivas que resultarían negativas para el desempeño económico. Se entiende que el gobierno debe poner circulante en la calle para mover la economía, y una de las vías para ello es dar empleo en el sector público; sin embargo, el gobierno puede reducir el gasto de la planilla estatal sin recurrir a las destituciones, solo con rebajar en un 5% los salarios mayores de 1,000 balboas, en 10% los salarios mayores de 2,000 y en 20% los sueldos que superan los 3,000 dólares, lo puede lograr. Esta medida, por supuesto, será temporal; quizá por un periodo de 3 años. De igual manera, el gobierno puede suspender los aumentos automáticos y los ordinarios, por igual periodo de tiempo.

El recorte salarial de carácter temporal a los funcionarios y de los aumentos de salario, ayudaría, enormemente, a reducir el gasto público, asegurando, al mismo tiempo, las plazas de trabajo ya existentes. De estos recortes se exceptuarían, por cuestión estratégica, a los trabajadores de la salud, los docentes y la policía y bomberos.

Otras medidas de recorte temporal del gasto público que puede tomar el gobierno serían: la renegociación de los cánones de arrendamiento de las oficinas públicas, para lograr un ajuste a la baja del 10 o 15  por ciento. Otra puede ser el recorte de una hora de la jornada laboral, para ahorrar, mayormente, en el gasto de electricidad que es cuantioso. Y, también, un mayor uso de las tecnologías para reducir el gasto en papel y materiales de oficina, el uso de vehículos para mensajería, y el desplazamiento de funcionarios de manera innecesaria.

También podría ahorrarse el gobierno en combustible, al imponer el uso del vehículo oficial compartido, y al crear un amplio programa de reciclaje de los desechos, equipos o materiales descartados de todas las entidades del estado, ya sea para reutilizarlos o darles un valor agregado como producto reciclado.

Si realmente el gobierno quiere salir bien librado de la actual crisis, necesita, con urgencia y mucha seriedad, tomar decisiones atrevidas. Y eso lo logrará con un liderazgo firme y que, al mismo tiempo, marque un rumbo claro hacia dónde quiere ir. Sin ese liderazgo y sin voluntad, todo plan se quedará en el papel y las circunstancias lo arrastrarán hacia el abismo.