Por Olmedo Beluche

Como quiera que en la última semana de mayo de 2020 se debate sobre el proceso de reapertura de la economía que exige a voces la Cámara de Comercio (ver portada de La Prensa de 26/5/20), y comparamos esa exigencia con los datos que aporta el MINSA, cabe preguntarnos si existe una mejora que justifique el levantamiento de la cuarentena o no.

Es evidente que, en una economía guiada por criterios capitalistas, como la panameña, es incompatible el lucro con la salud pública y que trabajadores y pobres son quienes más sufren, tanto la enfermedad, como las consecuencias de la desigualdad económica.

Existe un conflicto entre una cuarentena con hambre, porque el Programa Panamá Solidario es una migaja que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia, y el riesgo de una reapertura para recuperar la posibilidad de un empleo, o ingreso, pero con alto riesgo de contagio. Algunos se desesperan y terminan avalando los intereses de los capitalistas de ganar a cualquier costa.

Los datos del MINSA son contradictorios y dan para todas las interpretaciones. Por un lado, se arguye que la tasa de letalidad, la cantidad de muertes respecto de la cantidad de casos confirmados es baja respecto a otros países de la región. Aunque 2,85% realmente nos coloca en un rango intermedio en América Latina, peor que Costa Rica que tiene 0,86%, incluso que Ecuador que tiene 2,53%.

La tasa de mortalidad, es decir, la cantidad de fallecidos por COVID-19 respecto al conjunto de la población parece alta 74,53 por millón de habitantes. También es alta la tasa de contagiados: 254,32 por cada cien mil habitantes (al 23 de mayo).

También se señala a favor, y no dudamos que sea así, la disponibilidad de servicios de salud para atender un rebrote grande: tanto en camas hospitalarias, como en unidades de cuidados intensivos y respiradores.

Por otro lado, es evidente que el contagio del virus del COVID-19 se sigue diseminando por el país. Ya alcanzamos los 11,183 casos confirmados, muy lejos de la cifra de 9,000 casos que el MINSA señalaba hace un mes como “el peor escenario”. Los fallecidos relacionados con esta enfermedad ya alcanzan las 310 personas.

Lo que más duda produce es que el virus ya está en fase de transmisión comunitaria en todas las provincias, pese a que llevamos más de dos meses en cuarentena estricta, por lo menos una parte de la población. Lo que nos lleva a preguntarnos con toda legitimidad: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido controlar la transmisión? ¿Qué factores juegan en contra del control sanitario?

Los números aportados por el MINSA no dejan lugar a dudas, casos confirmados por provincias: Panamá 7,013; Panamá Oeste 2,111; Veraguas 580; Colón 417; Chiriquí 306; Guna Yala 230; Darién 204; Bocas del Toro 125; Comarca Ngabe-Buglé 78; Cocle 86; Los Santos 17; Herrera 16.

Quedan muchas preguntas para una investigación y dudas sobre un levantamiento descontrolado de la cuarentena: ¿Cuántos de estos contagios, sobre todo en Colón y Coclé se deben al “conglomerado” de la minera que el gobierno no se atrevió a imponerle el cierre hasta los primeros muertos? ¿El brote de Alanje tiene que ver con el ingenio? ¿Cuánto han diseminado los transportistas de carga infectados y que ahora conocemos por el control que les impusieron en Costa Rica? ¿Cuántos contagios han producido “salvoconductos” conseguidos por “palanca” como el incidente que salió a la luz pública con Sandra Sandoval y comitiva en Tonosí?

Para una investigación futura caben más preguntas: ¿Cuánto han influido en la tasa de contagios factores culturales como el hacinamiento en los hogares? ¿Existe una relación entre la proliferación de asesinatos entre pandillas, para las que no parecen haber ni cercos ni retenes policiales, y la expansión del virus en barrios populares?

Más aún: ¿Cuánto ha contribuido a debilitar el sistema público de salud 30 años de políticas neoliberales? ¿Cómo afectó el recorte al presupuesto de la Caja de Seguro Social de B/. 279.7 millones, y al MINSA B/ 127.9 millones realizado por el gobierno de Cortizo en 2019?

A priori podemos señalar que, aunque el virus no distingue clases sociales, sí afecta con mayor severidad a los pobres, que constituyen el 23% de la población nacional, según cifras oficiales. Y a ese 10% que se encuentra en la indigencia, o sea, 400 mil personas que no les alcanza para comer.

¿Cuánto habrá influido en la expansión del COVID el que Panamá sea el décimo país más desigual del mundo y el cuarto de América Latina, según el Banco Mundial? ¿Cómo se ha cebado el virus entre ese 10% de familias más pobres que tienen ingresos 37 veces inferiores al 10% de familias que más ganan? ¿Ha sido la desigualdad social un factor?

Exigimos que la reapertura de la cuarentena sea una no sea decisión antidemocrática y unilateral del gobierno, consultada solo con el sector empresarial. Exigimos que sea una decisión tomada democráticamente y que se consulte a los dirigentes sindicales de CONATO, CONUSI, a los gremios de la salud (médicos, enfermeras, AECSS, ANFACSS, etc.), a las universidades públicas y sus especialistas, así como a otros gremios profesionales.