Por Luis Alberto Díaz / Jr@ladiazjr

A partir de la reforma de la seguridad en el año 2005 se calculó que había un periodo de 10 años para buscar una solución más permanente al sistema de pago de pensiones. Los gobiernos sucesivos, en un despliegue de desidia y, hasta, de sinvergüenzura política han dejado de lado ese compromiso.

Los años fueron pasando y desde 2018 empezaron a utilizarse los ahorros que se destinarían para hacer frente a la urgencia por el impago de las pensiones. Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que ha traído como consecuencia una disminución drástica de la recaudación de cuotas, la Caja de Seguro Social ve agravada su situación para cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a través del cual se pagan las pensiones.

Pero no todo es provocado por el Covid-19, porque la situación ya venía dándose y el público no sabe, a ciencia cierta, de qué manera, cómo y con qué se tapaba el hueco financiero del IVM, porque la presentación de los estados financieros ha estado en mora y la transparencia y acción de la junta directiva de la entidad está en modo de poca virtud.

Un análisis básico del funcionamiento de la Caja, recurriendo a algunos artículos de la Ley Orgánica que la rige, crea ciertas interrogantes que deben ser respondidas en algún momento. El artículo 44, que trata de la Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción, habla de la existencia de un Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, que es seleccionado por la Junta Directiva y responde ante ella. ¿Quiénes han sido esos directores en los últimos 10 años y cuál ha sido su papel en cuanto a transparencia y responsabilidad institucional? ¿Por qué ellos han permitido que los estados financieros permanecieran ocultos al público? ¿Con qué criterio fueron nombrados? ¿Cumplieron con los requisitos que la ley señala para dicho cargo?

Si avanzamos en la lectura de la ley que rige la Caja de Seguro Social, también nos encontramos con los requisitos que se exigen para ser miembro de su junta directiva, señalados en el artículo 25, en el que llama la atención el numeral 4 de dicha norma, que establece, preferiblemente, que para ser miembro de la junta directiva la persona debe «tener título académico universitario o experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en administración, finanzas, inversiones, manejo de fondos de pensiones o salud.» ¿Cuántos miembros de las juntas directivas de los últimos 15 años han reunido esos requisitos?  Al parecer, en algunos casos, la palabra «preferiblemente» que aparece en dicho artículo es tomada al pie de la letra para saltarse los requisitos. Ese «camarón legislativo» hijo de la sinvergüenzura política panameña, echa por tierra cualquier propósito serio que haya podido tener la creación de la tal ley. Esa ausencia de seriedad legislativa es, sin duda, una de las causas por la que la junta directiva resulta ser un organismo inoperante e incapaz de salvaguardar, plenamente, el auténtico objetivo de la Caja de Seguro Social.

Igual ocurre con el director general de la entidad, a quien se le exige, en el artículo 36, numeral 3, «poseer título universitario en cualquier disciplina y experiencia mínima de 5 años en administración o en finanzas.»  Quizá uno que otro haya llenado cabalmente tales exigencias, pero no escapan de los nexos políticos con el partido gobernante; cosa que debe explicarle al pueblo la junta directiva que debe escoger al director general mediante un concurso del cual debe escoger a los tres mejores candidatos y presentar una terna de nombres al presidente de la república, para el correspondiente nombramiento. ¿Cómo, pues, casi siempre resulta el director general de la Caja tener vínculos políticos con el partido gobernante?

Las cosas andan mal en el Seguro Social porque la carcome la politiquería, la desidia y la sinvergüenzura de algunos que ven en ella un medio para sacar provecho propio o partidario. De nada vale que exista un director encargado de la transparencia, una comisión de inversiones y riesgos, una reserva de fluctuación e imprevistos, o cualquier otra supuesta medida para salvaguardar su objetivo y subsistencia. Lo que ocurre ahora con las finanzas del programa IVM es consecuencia directa de la politización a la que ha sido sometida la CSS por largos años.

Para robustecer sus finanzas, la reforma de su ley en 2005, hizo obligatorio que a partir de enero de 2007 toda persona que perciba ingresos debe cotizar al Seguro Social, sea asalariado o trabajador por cuenta propia. ¿Por qué no se ha podido alcanzar ese objetivo?  Los directores generales y los miembros de la junta directiva que han pasado por la institución desde dicha reforma, le deben esa explicación al país, porque esas cuotas no percibidas le hacen falta hoy a la entidad.

Corresponde a la gestión de gobierno actual enfrentar el desafío de corregir el rumbo de la Caja de Seguro Social y superar la barrera de la desidia y la sinvergüenzura que hasta ahora ha impedido que la situación del IVM se solucione. No es el mejor momento, es cierto, ni por los efectos provocados por el Covid-19 ni por el débil respaldo político con que cuenta, pero debe hacerlo asumiendo los riesgos que ello implica, porque son muchos más los misterios que las verdades en el manejo de la CSS, y porque el pueblo espera una respuesta concreta con respecto al pago de las pensiones, tanto en el presente como en el futuro.