Por Filemón Medina Ramos / @fimera

Periodista y dirigente sindical

La gran mayoría de los países del mundo han asumido los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la agenda global 2030 de desarrollo sostenible, metas y objetivos, que con la llegada del COVID-19, no solo se atrasan, sino que devela que los gobiernos no estaban haciendo esfuerzos para cumplir ninguno de los 16 objetivos.

Tomemos como ejemplo el Objetivo 8, que insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente. La realidad es que con la llegada del COVID-19, no solo queda en evidencia el alto desempleo en la región, donde más de 14 millones personas se encuentran sin trabajo en América Latina, lo que es equivalente a una tasa de desempleo por encima del 12%, según datos de la CEPAL.

Si bien es cierto, ningún país estaba en la capacidad de predecir el impacto que el COVID-19 tendría no solo sobre el sistema sanitario y de salud, sino también sobre la economía local y global, incluso sobre la humanidad misma, no es menos cierto que el momento es oportuno para plantearse estrategias que permitan lograr salvar la economía, considerando el aspecto humano, por sobre toda variable.

Esta posición, nos lleva al inevitable escenario de la construcción de un nuevo pacto social, que defina y asuma el concepto del Estado de Bienestar, parámetros que tienen como centro de debate el actual modelo económico; sin embargo, es la oportunidad de lograr un cambio real, en virtud que este concepto político se relaciona con la forma de gobierno, en la cual el Estado, tal como lo dice su nombre, entiende al Estado del bienestar, en relación a los  Derechos económicos, sociales y culturales, considerados como  Derechos Humanos.

Los pilares en los que está sustentado es a la atención a aquellos habitantes en situación de vulnerabilidad como los desempleados, jóvenes y ancianos; un sistema universal y gratuito de atención sanitaria, de salud y hospitalaria; garantizar la educación a todos, haciendo énfasis en el mejoramiento de la calidad de la educación, sobre todo la pública, en tecnología, cultura y el deporte; una adecuada y consciente distribución de la riqueza; y proveer una vivienda digna, entre otros, que definirán, como sello de identidad, la democracia en la región en el desarrollo de políticas de bienestar social.

En definitiva este planteamiento, es en oposición a todo lo que plantean las políticas neoliberales; sin embargo, el mundo se ha encerrado en su burbuja de subsistencia, entendiendo que el mercado global, no es nada sin el mercado local.

Y ello es así, porque la Pandemia dejó en evidencia lo que el sector organizado de los trabajadores y otros actores sociales, han señalado por mucho tiempo, y es el déficits de protección social en los países en desarrollo, que al decir de la organización Internacional del Trabajo (OIT), “la crisis del COVID-19  ha puesto de manifiesto déficits catastróficos de cobertura de la protección social en los países en desarrollo, y la única forma de sostener la recuperación y prevenir crisis futuras es que estos países transformen sus medidas especiales de respuesta en sistemas de protección social integrales”.

Además de otros elementos, que también han denunciado los trabajadores como: La pobreza y la inequidad, la discriminación, la inseguridad y violencia, el estado de derecho y la impunidad; por lo que los gobiernos latinoamericanos tienen la obligación de comprometer sus planes de recuperación económica y financiera, en estos momentos, pues de lo contrario estarían llevando a millones de personas a niveles de pobreza, afectando en consecuencia la capacidad de acción y reacción, de estos mismos gobiernos, en escenarios iguales en el futuro.

Por ello, es fundamental el diálogo social, pero el tripartito, donde se escucha a los sectores productivos de los países, para en conjunto tomar las mejores decisiones, esto es determinante para cimentar la recuperación y prevenir una espiral descendente del empleo y de las condiciones de los trabajadores durante la crisis y en el período posterior.

Quien no entienda esto y se centre solo a oírse, a sí mismo o a un solo sector, por lo general al empresarial, o vive del miedo a la participación ciudadana o sus intereses no están en el bienestar colectivo, que es lo más probable.

Toda crisis, sea política, económica o de salud, trae grandes oportunidades para mejorar, depende de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento, de nuestro sentido de humanidad y solidaridad, que ello sea posible y desde el movimiento sindical, por lo menos el que represento en el ámbito nacional e internacional, hay claridad y compromiso frente a ello.