Por Luis Alberto Día / Al Día Panamá

Las entidades que forman parte del gobierno central sufrirán un recorte presupuestario de casi 900 millones de balboas, como parte del plan de ajuste del gasto público provocado por la caída de las recaudaciones como consecuencia de la crisis del coronavirus en Panamá.

Así lo informa en su portal el Ministerio de Economía y Finanzas, al anunciar, también, que la administración y reestructuración del Presupuesto de la Nación se complica debido a la caída de los ingresos corrientes del gobierno central.

Las entidades que forman parte del Gobierno Central tuvieron un ajuste presupuestario de B/.876.4 millones, las instituciones descentralizadas de B/.388.8 millones, las empresas públicas un total de B/.716.3 millones y los intermediarios financieros B/.18.5 millones de balboas.

Los ajustes más importantes a los gastos de funcionamiento están asociados con el congelamiento de más de 10 mil vacantes y las disminuciones en los gastos de viáticos, transporte, publicidad, combustibles, consultorías y contratación de servicios, entre otros.

Por su parte, los ajustes a las inversiones se realizaron en  proyectos que no habían iniciado su ejecución, al momento de aprobarse la resolución de gabinete No. 17 del 24 de marzo de 2020.

En los meses de marzo y abril del 2020, los ingresos del Gobierno Central cayeron B/.562.7 millones, con respecto a la programación presupuestaria. Para estos dos meses se tenía programado recaudar B/.1,244.1 millones y se obtuvieron B/.681.5 millones, afectándose 45.2% adversamente la recaudación de los ingresos planificados.

Todas las entidades públicas que forman parte del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas (excluye a Empresa Nacional de Autopista) y los Intermediarios Financieros (excluye Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros) fueron consideradas en la reestructuración del Presupuesto de la Nación para la vigencia fiscal de 2020.

La modificación del presupuesto, que ha ascendido a B/.2,000 millones, implicó reducciones en instituciones públicas de B/.500 millones en gastos de funcionamientos y de B/.1,500 millones de ajustes a las inversiones públicas.