Rentas, gastos del Estado y pandemia
Por Avenabet Mercado / Al Día Panamá
La Constitución panameña, con acierto, ha estipulado que el presupuesto de la nación como instrumento se caracterice por el equilibrio entre rentas y gastos. Significa que tanto en la preparación como en la ejecución del presupuesto, ha de prevalecer siempre la norma de que los gastos deben quedar cubiertos por los ingresos.
No se puede, en consecuencia, ni autorizar gastos que no tengan la correspondiente contrapartida de ingreso, ni mucho menos realizar gastos —lo que significa desembolso de recursos del Estado— sin que existan las disponibilidades en efectivo correspondientes. El presupuesto es un sistema de proporcionalidad.
De tal forma, un buen presupuesto balanceado es un sistema de proporcionalidad, y bien ejecutado es un mandato donde no puede haber gastos en exceso de los ingresos.
Pero en el caso de nuestra nación la crisis de la pandemia a nivel mundial también nos golpea duro, por los efectos del Coronavirus (Covid-19), ha generado situaciones sociales, políticas y económicas que cambia el entorno de la esfera gubernamental, que obliga a tener prudencia al administrar las finanzas pública del Estado.
Un criterio de prudencia donde también, hace poco, el primer ejecutivo de la nación, Laurentino Cortizo, ponderó que “hoy, aunque las circunstancias han variado en algunos aspectos, nuestro país, al igual que el resto del planeta, aún enfrenta el peligro del virus que sigue entre nosotros y todavía representa un riesgo, muy alto para la salud y la economía”.
Ha tocado al jefe del Estado una gran responsabilidad y bien lo plantea al considerar que “este balance delicado, entre proteger la vida, aliviar la situación social y mantener la economía, sigue siendo nuestro principal parámetro para establecer prioridades.”
De manera pues, entre todos los escenarios posibles, sugerimos que la prudencia y el control fiscal exigen sacrificio. Por eso hoy, en la nación, se debe siempre tener en cuenta evitar el exceso, la improvisación y cualquier canal de abuso económico.
