Sala de Redacción / Al Día Panamá

Diseñar políticas públicas para que los Estados brinden respuestas a las personas refugiadas y solicitantes de refugio afectadas por el COVID-19, fue uno de los temas de la Tercera Reunión Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que se desarrolló de forma virtual .

En la reunión, donde participó la viceministra de Gobierno, Juana López, y el director de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (Onpar), Husein Pitt, se acordó continuar fortaleciendo a las instituciones nacionales responsables de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado mediante la mejora de sus capacidades técnicas, en el particular contexto de la pandemia del COVID19 con el apoyo de la cooperación internacional.

En su informe anual 2020, el (MIRPS), destaca que Panamá con el fin de disminuir la mora y reducir los tiempos de espera de respuestas, se han revisado de manera paralela los casos nuevos presentados en el 2020, y aquellos pendientes de revisión (presentados entre los años 2014 a 2019).

Esto permitió registrar una tasa de revisión del 93% de las solicitudes recibidas en el año en curso, y un avance del 25% en los casos presentados bajo la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998 y que a la fecha se encuentra derogado luego de la aprobación del Decreto Ejecutivo No. 5 de 16 de enero de 2018.

En un foro virtual se dio a conocer la declaración de 8 puntos que abordan la realidad del desplazamiento forzado que ha obligado a casi un millón de personas a huir de sus hogares y validada por México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

* Fuente: Mingob (Texto y Foto: Luis Ruiz M. /Ricardo Archibold).