A poco de cumplir un año sufriendo esta pandemia nos enfrentamos al dilema de continuar con cuarentenas y toques de queda, o fijar reglas más estables que permitan el funcionamiento ininterrumpido de la vida social y de la economía de Panamá.

por Luis Alberto Díaz

Los procesos de ensayo y error ejecutados hasta ahora por las autoridades panameñas para controlar la propagación del Covid-19 deben dar el salto hacia medidas más eficientes y eficaces que redunden en beneficio de la salud pública y el desarrollo de las actividades propias de cada panameño y de cada sector económico del país. Realizar esta tarea supera la experticia médica y la de los estamentos del orden público, en cuyas manos hemos estado durante todo este tiempo. El trabajo realizado por sus profesionales es valioso, sin duda, pero de aquí en adelante necesitamos sumar la participación de otros expertos que contribuyan a crear una eficaz «nueva normalidad» que vele por el resto de las necesidades de la población.

El momento actual exige del gobierno nacional el nombramiento urgente de una comisión que diseñe un Plan de Apertura Controlada y convocar, para ello, a filósofos, sociólogos, financistas, conocedores de la economía de mercado, gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, emprendedores, especialistas del agro y la ganadería, comunicadores sociales, y expertos en la administración de negocios y la administración pública. Todos han de ser personas serias, capaces, de comprobada experiencia en su campo y libres de ataduras político partidistas. Dicha comisión debe ser capaz de diseñar el Plan de Apertura Controlada en un máximo de 30 días, para su ejecución inmediata. Lo revisará y evaluará, constantemente, para hacer los ajustes que corrijan las distorsiones y mejoren los procesos de ejecución. Los especialistas de la salud y la seguridad pública continuarán su trabajo por separado en sus respectivos campos, pero podrán hacer recomendaciones a la comisión en el área de su competencia.

Para darle estabilidad al Plan de Apertura Controlada, el periodo de vigencia debe fijarse en 6 meses; de manera tal que los distintos sectores puedan planificar sus actividades dentro de ese periodo, mientras se mide el comportamiento de su ejercicio y se decide su prórroga, previa evaluación de resultados, por el plazo periódico de tiempo que se considere necesario. Esto le daría estabilidad al mercado y seguridad a las empresas y personas de poder funcionar dentro de un tiempo fijo, libre de cambios intermitentes.

Ya hemos vivido los métodos de endurecimiento y relajamiento de la cuarentena, toques de queda y cercos sanitarios, pero su intermitencia se ha convertido en enemiga del bien que se pretende procurar. Sería más oportuno sacar lo mejor de cada medida aplicada, para crear una norma general que nos permita mantener la retransmisión del Covid-19 en 1% o menos, mientras se desenvuelve la vida cotidiana del país. Observando los resultados que han sido publicados desde marzo del año pasado, podemos concluir que los cierres y la salida controlada para compras ayuda, ciertamente, a disminuir el contagio entre la población. Por tanto, apelando a esa experiencia, puede diseñarse el Plan de Apertura Controlada del que hablamos en este escrito.

Vale mencionar algunos elementos que podrían ser de utilidad para el plan. Por ejemplo: las actividades de la población estarían claramente definidas en dos grandes grupos: las económicas y las de esparcimiento de la población. La parte económica se desarrollaría de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Las oficinas abrirían en horario entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los comercios y centros comerciales de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El horario de las oficinas públicas sería a jornada reducida, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, con asistencia presencial alternada del 50% del personal cada día. Los restaurantes tendrían un horario especial de 11 del día a 8 de la noche durante toda la semana, pero tendrán que cerrar un día obligatorio escogido por ellos e informándolo a la autoridad competente para el debido registro. Este día de cierre tendría que anunciarse con un aviso a la entrada del establecimiento. Casinos, discotecas y toda actividad que implique aglomeración de personas en sitios cerrados operarían según el comportamiento del contagio y con aforo controlado. Los días de compras se mantendrían conforme al género, masculino o femenino, agregando los sábados para los hombres o compartiendo el viernes ambos géneros, según se estime conveniente.

Los días sábados las oficinas funcionarían hasta las 12 del día y los centros comerciales hasta las 4 de la tarde. Los domingos serían, exclusivamente, para el esparcimiento de la población, permitiendo sólo la apertura para los restaurantes y aquellas actividades de comercio al aire libre de micro y pequeñas empresas relacionadas con el turismo y la recreación. Los domingos, de ser necesario, habría cercos sanitarios por provincia en todo el país y para algunos distritos, según el comportamiento de la pandemia y la transmisión del contagio. Se entiende que las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y control de la capacidad de aforo de los locales y medios de transporte continuarán vigentes como hasta ahora.

El caso de visita a las playas y viajes al interior del país con fines recreativos, también sería controlado los fines de semana o días festivos, e incluso permitiendo algunos días entre semana para acceso a las playas. La manera más viable de control es asignar el día de viaje o traslado interprovincial de acuerdo con el número final de las placas de los vehículos, observando la modalidad de par e impar. Los vehículos no podrían exceder la capacidad que le sea permitida por las autoridades de salud y sus ocupantes tendrían que mostrar prueba de hisopado con resultado negativo. Los vehículos que se dedican de manera usual al transporte público de pasajeros y de mercancías tendrían una norma especial para su circulación, según la necesidad del servicio.

Si hay verdadera voluntad para diseñar el Plan de Apertura Controlada, tanto la vida activa de la población como la economía podrán funcionar a la par, sin comprometer gravemente la salud de los panameños ni el necesario desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas de los panameños. El Covid-19 llegó para quedarse y tendremos que convivir con él. Ya no podemos esperar a que se erradique o reduzca a su mínima expresión. La apertura del país es necesaria y por eso es imperante un Plan de Apertura Controlada, mientras esperamos que la vacuna haga su efecto, probando su eficacia para controlar la propagación del contagio del coronavirus. Está en manos de las autoridades, primero, y del resto de la sociedad, después, llegar a acuerdos y encontrar caminos para salir adelante.

De ser necesario que este Plan de Apertura Controlada se establezca por medio de una ley, el Órgano Ejecutivo puede apelar a la excepción constitucional y aprobarlo en Consejo de Gabinete, para luego enviarlo a la Asamblea Nacional para su ratificación. De esta manera no se pierde tiempo y el presidente de la república podrá demostrar que está verdaderamente comprometido con las soluciones que requiere el país en este momento y, sobre todo, que tiene el temple y la autoridad de un mandatario que no está hecho de «leche condensada.»