Por Alex Woodward / AP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha deportado a cientos de personas a pesar de los esfuerzos del presidente Joe Biden para detenerlas, mientras que la administración rescinde elementos centrales de la agenda antiinmigración de Donald Trump.

El 26 de enero, el fiscal general de Texas y aliado de Trump, Ken Paxton, presentó una demanda para bloquear la moratoria de 100 días del presidente sobre las deportaciones; el juez federal designado por Trump, Drew Tipton, otorgó al fiscal general una orden de restricción temporal de 14 días.

En la última semana, ICE deportó a casi 300 personas de los Estados Unidos a Guatemala y Honduras, y los grupos de defensa de la inmigración advirtieron que ICE podría expulsar a docenas de otras personas del país antes de que expire la orden, incluidos 60 solicitantes de asilo cameruneses.

Las medidas desafían las órdenes de la nueva administración, así como las políticas recientemente impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional para limitar las deportaciones a personas sospechosas de terrorismo, amenazas a la seguridad y personas indocumentadas que ingresaron al país antes del 1 de noviembre.

Denuncia de irregularidades

Tres días después de la orden de la corte federal, los agentes de ICE deportaron a una testigo que sobrevivió a un tiroteo masivo en El Paso, Texas, luego de que fue arrestada por oficiales del Departamento de Policía de El Paso durante una parada de tráfico por una luz trasera rota. La mujer fue ingresada en la cárcel del condado de El Paso y entregada a la custodia de ICE.

Estaba programada para testificar durante el juicio por asesinato de un hombre acusado de apuntar a inmigrantes y disparar fatalmente a 23 personas en un Walmart en 2019. La mujer de 27 años fue enviada a México, donde no vive desde que tenía 11 años.

La abogada Anna Hey, subdirectora de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados de El Paso, dijo que la decisión de la agencia federal de enviar a la mujer a Juárez “equivale a una revictimización de esta joven, que sólo se presentó para ayudar a construir el caso contra el agresor en el ataque racista».

Una denuncia de denuncia de irregularidades presentada el lunes acusa al jefe interino de Seguridad Nacional del expresidente de obstruir la agenda de inmigración de la nueva administración al ceder la autoridad de ICE a un sindicato pro-Trump.

La denuncia alega al secretario interino designado por Trump, Ken Cuccinelli, de «mala gestión grave» y «gran desperdicio de fondos gubernamentales y abuso de autoridad» por los acuerdos que firmó con el sindicato ICE el 19 de enero, el día antes de que el presidente Biden tomara posesión.

El martes, el representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mondaire Jones, de Nueva York, dijo que el residente de Nueva York, Paul Pierrilus, fue deportado a Haití, donde nunca ha estado. Nació en St Martin de padres haitianos y emigró a los Estados Unidos cuando era niño, pero ni Haití ni el gobierno francés otorgan automáticamente la ciudadanía a los niños fuera de sus fronteras, lo que pone su estatus legal en el limbo a pesar de vivir en la Unión Americana durante más de 30 años.

Los defensores de la inmigración estiman que ICE realizó más de mil vuelos de deportación similares el año pasado.