Es un secreto a voces que la dictadura militar repartió la Caja de Seguro Social entre diversos gremios, para que a cada uno le tocará su pedazo de la institución.

por Luis Alberto Díaz /Al Día Panamá 

La crisis de la Caja de Seguro Social va más allá del problema actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, en particular de la insostenibilidad del pago de pensiones en el futuro cercano. Muy pocos, casi ninguno, se atreve a mencionar, al menos publicamente, a los gremios que la han politizado y que, en parte, son responsables del mal manejo y de la corrupción que aquejan a esa entidad desde hace años.

Sindicatos, asociaciones de administrativos, gremios médicos y del resto de los funcionarios relacionados con la salud, además de su junta directiva, son los responsables directos del desgreño y el desangramiento institucional que vive el Seguro Social desde que cayó en sus manos. Son cual vacas sagradas que salen a comerse vivo a quien ose enfrentarlos o señalarlos como parte del problema que sufre la principal institución de seguridad social panameña y que amenaza con destruirla. La prueba está en que para ponerse de acuerdo en los diálogos que son convocados para resolver sus males, primero hacen una demostración de fuerza y amenazan con dejar de participar en ellos, para conseguir lo que ellos llaman un «equilibrio» entre los participantes de la mesa y asegurarse un número suficiente de ellos para controlar el diálogo por mayoría, cuando lo lógico y lo justo es que haya paridad entre empresarios y trabajadores, que son quienes cotizan, y que la suma de la representación del resto no exceda la cantidad combinada de patronos y empleados. Es más, ni siquiera debería tener voto en la junta directiva ninguno que no sea empleador o trabajador, permitiéndole solo el derecho a voz.

Para enderezar el rumbo de la Caja de Seguro Social primero es menester resolver la representatividad en la junta directiva; después decidir sobre el modelo de institución: si solo se dedica a administrar los fondos, o realiza una labor doble que incluya, además de la administración de las cotizaciones, la prestación de los servicios médicos con personal e instalaciones propias. Sin resolver estas dos situaciones es inútil aumentar cuotas y edad de jubilación, como se ha hecho antes y algunos proponen ahora. Cosa que, por cierto, acarrea otros problemas sociales como el acceso al empleo de los jóvenes, que verían limitadas las plazas de trabajo por el alargamiento de la edad de jubilación que obligará a más personas a mantenerse en los puestos de trabajo por más tiempo. Incluso, podría agravar la situación de desempleo para las personas con más años de edad que, por superar la barrera de los 50 años, les sería más difícil mantener la continuidad en el empleo o su contratación en ciertas tareas; y todos los años que le falten para ser pensionados sumarían a la crisis social que se cree con esa medida. Problema, pues, para el estado y la empresa privada que tendrían que enfrentarse a un aumento impositivo para los consiguientes subsidios que se establecerían para ayudar a las personas mayores afectadas por la situación.

Panamá es un país cuyo clima y condiciones sociales hacen inconveniente un incremento de la edad de jubilación o un aumento excesivo de los años de cotización. El clima tropical, como el nuestro, expone a las personas a un desgaste mayor de su cuerpo y al riesgo de enfermedades que en otras partes del mundo, con climas más benignos, favorecen el estado de salud de las personas. La edad vigente es suficiente para ser pensionado por vejez. Si algunas mentes propugnan por aumentarla, comparándola con la de otros países con mejor clima y condiciones sociales, entonces que también propongan que al trabajador panameño le sea pagado igual salario y que reciba la misma calidad de vida de esos países que son tomados como ejemplo para pretender aumentar la edad de jubilación.

Una reforma seria del Seguro Social debe incluir, aparte de lo mencionado antes, que se ejecute de manera eficiente la norma legal de exigir a toda persona que tenga ingresos que cotice el seguro social y que la atención de los servicios médicos pase al sistema del ministerio de salud. El Seguro solo reembolsaría los servicios que le sean prestados a los asegurados. En caso de incluir beneficiarios, el trabajador deberá pagar un porcentaje adicional que podría ser del 1% por cada beneficiario, limitándolos a su cónyuge, hijos menores de 18 años, y los padres del cotizante que sean mayores de 70 años de edad o que tengan algún tipo de discapacidad que los haga dependientes del trabajador asegurado. Igual debe revisarse la proporción en que se distribuye la cuota entre los programas de Invalidez, vejez y muerte y enfermedad y maternidad, para asignar más recursos a las pensiones.

Todo lo anterior será posible si se deponen las actitudes amenazantes y los intereses sectarios de quienes participan del actual diálogo por la Caja de Seguro Social. Pero eso requiere de una voluntad altruista y de renunciar a la parte del botín que le corresponde a cada sector que compone la junta directiva, cosa que, difícilmente, están dispuestos a hacer los buitres gremiales que mantienen secuestrada a la institución desde hace muchos años.