La convocatoria de una asamblea constituyente es una vieja aspiración de los ciudadanos panameños.

por Luis Alberto Díaz /Al Día Panamá 

Desde hace 40 años existe en el ambiente político el deseo de convocar a una asamblea constituyente que le dé al país un nuevo pacto constitucional con el fin de eliminar la actual constitución cuyo estigma, a pesar de las reformas sufridas, es haber sido aprobada por una asamblea constituyente espuria y manipulada por el gobierno militar de entonces.

Nunca antes como hasta ahora ese clamor ha resonado con tanta fuerza. En los últimos años ha habido diversas iniciativas que terminan fracasando por no reunir las firmas necesarias. El intento más reciente parecía calar más, a juzgar por las primeras reacciones en las que, al menos, dos partidos políticos y un ex candidato de libre postulación opositores habían manifestado, o dejado entrever, su apoyo a la recolección de firmas que gestiona el movimiento Panamá Decide para convocar a una asamblea constituyente paralela, tal como dispone la actual Constitución Política del país.

Sin embargo, el intento parece encallar entre las diversas trabas legales que, cual arrecife, debilita el casco de la embarcación constituyente al ser azotada por los vientos y el golpe de las olas que constituyen los obstáculos que erige la formalidad legal en el proceso de recolección de firmas para convocar la asamblea constituyente paralela.

Cuando se aprobó la norma de que para tal convocatoria es necesario recoger las firmas del 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, los proponentes levantaron un muro casi inexpugnable para que la convocatoria, por esa vía, fuera imposible de lograr. Por eso más de un intento de este tipo ha resultado infructuoso. Pero son las reglas vigentes y hay que acatarlas. Aunque la reglamentación dejó abierta una salida: organizar a la par otra recolección de firmas para sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide y, así, consolidar en una sola propuesta el esfuerzo de ambas, antes del vencimiento del plazo de seis meses que tiene la primera iniciativa.

Si otro grupo de ciudadanos que quiere la constituyente paralela se aboca a recolectar las firmas que se exigen para tal fin, pensando en sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide, la iniciativa cobraría nueva vida y, por tanto, ampliaría la posibilidad de alcanzar el número de firmas suficientes para que sea convocada una asamblea constituyente paralela. De ocurrir un hecho como este, quienes tomaron la iniciativa previa deben verlo como una ayuda y deben brindarle toda la colaboración para llegar a la meta de convocatoria de la constituyente paralela. Lo mismo valdría para los gestores de la segunda iniciativa, en cuanto a ver el intento como un esfuerzo mancomunado y no como una forma de ganar protagonismo o arrogarse el derecho y la gloria de haber convocado la constituyente.

El camino para lograr la meta de convocar una asamblea constituyente paralela es largo y tortuoso. Un camino que va cuesta arriba y que muestra a su vera, cual los restos de los cadáveres que ven los que intentan escalar el Everest, el recuerdo esfuerzos anteriores que resultaron infructuosos. Frente a tal experiencia, tenemos que comprender que la convocatoria de una constituyente paralela es un acto mancomunado, de perseverancia y de profundo sentido democrático en cada uno de sus esfuerzos. El reto presente reclama, pues, lo mejor de la conciencia ciudadana y la renuncia a toda pretensión de constituirse en el personaje a quien se le debe reconocimiento eterno por convocar una constituyente paralela. Todo ha de ser un hacer colectivo en el que el empoderamiento ciudadano sea el protagonista para poder decir, algún día, que esa asamblea constituyente que tanto anhelamos fue producto del esfuerzo de mucha gente como fue, en su momento, la recordada Cruzada Civilista que nos abrió paso hacia la recuperación de la vida democrática panameña.