Por Luis Alberto Díaz / Al Dia Panamá

El gobierno nacional decidió reactivar la clausurada Mina de Molejón, en el sector atlántico, bajo la promesa de que los nuevos concesionarios invertirán 200 millones de dólares, crearán 1,000 empleos, pagarán las cuotas que la anterior empresa dejó de pagar al Seguro Social y hará socio al estado panameño del 50% de una refinería de oro y plata que se construirá dentro de la mina.

Lo anterior se desprende de algunas revelaciones que hiciera recientemente el Ministerio de Comercio e Industrias, en las cuales también se mencionó que la nueva concesionaria pagará el doble de las regalías que aportaba el anterior concesionario y que Panamá se inscribió en el International Goverment Forum (IGF), que tiene  como objetivo brindar asesoría a los gobiernos que desean potenciar  la minería como parte del desarrollo sostenible.

A través del IGF el país, presuntamente, también recibirá asesoría internacional para negociar el nuevo contrato con la ya existente Minera Panamá, la segunda empresa que ya explota un yacimiento de cobre y oro en la zona.

El Ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, declaró a los medios de comunicación que el Ejecutivo trabaja con diversos sectores para crear una política  minera que, entre otras cosas, fortalecerá la institucionalidad de la industria minera, y anunció que la compañía canadiense  Broadway Mineral hizo una propuesta al país para operar el proyecto Mina Molejón, cuya concesión fue cancelada en  el 2015 por incumplimiento.

El ministro Martínez anunció que el país ha recibido una propuesta de la compañía canadiense  Broadway Mineral para operar el proyecto Mina Molejón, cuya concesión fue cancelada en  el 2015 por incumplimiento, y no había sido cerrada debidamente. La propuesta de Broadway Mineral  implica el cuidado sostenible de la zona, el pago de 30 millones de dólares adeudados a la Caja del Seguro Social (CSS) y el pago de las  prestaciones laborales dejadas de cumplir a más de 600 trabajadores por el antiguo  concesionario.

Además, la empresa se compromete a invertir 200 millones de dólares en la  reconstrucción de la mina para volverla operativa, el pago del doble de las regalías y del impuesto  sobre la renta que antes había sido exonerado. Se estima que esta concesión representará para el Estado ingresos de US$25 millones, así como la creación de 1,000 empleos directos.

La empresa Broadway también proyecta invertir US$250 millones en la construcción  de una Refinería, en la cual el Estado panameño tendrá participación accionaria de 50%.  Esta refinería dará servicios a las distintas concesiones de oro y plata en Panamá y de la  región.

Algunas fuentes consideran que Panamá debe aumentar el porcentaje de las regalías a las mineras que se establezcan en Panamá, para recibir mayor ingreso por la explotación de sus recursos naturales. En el caso particular de la refinería, mantienen una posición de reserva porque el 50% «suena bonito» pero no hay garantía de que la operación de dicha refinería sea rentable desde el primer momento, por lo que el estado debería invertir el orden y pedir el 50% de las regalías por la explotación del mineral y un pequeño porcentaje por la refinación.

Según el MICI,  los esfuerzos para ordenar y fortalecer el sector minero obedecen a  que este es uno de los pilares fundamentales del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2019- 2024, para impulsar la economía y generar los empleos que requiere el país.

Por otra parte, la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) solicitó al gobierno que aplique una debida diligencia en el caso de la reactivación del proyecto Petaquilla Gold, por el que ha recibido la oferta de la empresa canadiense y solicitó que se garanticen las mejores condiciones, tanto para el Estado como para la empresa, en las negociaciones del nuevo contrato con Minera Panamá la cual explota el otro yacimiento minero de la zona.

Según CAMIPA, los procesos mencionados  se deben basar en resultados de una debida diligencia de los pasivos y activos económicos, ambientales y sociales existentes en el área. Agrega que dichos procesos deben darse dentro de un marco de competencia igualitario, amplio, transparente, con reglas claras, en un periodo razonable y con el objetivo de obtener los mayores beneficios para el país a través de empresas de amplia trayectoria y capacidades.

CAMIPA señala que para las empresas mineras es factor clave e imprescindible para mantener y potenciar los beneficios que el país recibe de este sector, la existencia de una institucionalidad fuerte, con capacidades técnicas pertinentes instaladas y con la jerarquía adecuada que le permita regular, supervisar y velar por el bien común y el estricto cumplimiento de la legalidad de manera efectiva, eficiente y con transparencia.