por Luis Alberto Díaz

El ejercicio de la transparencia en el país enfrenta un laberinto de procesos administrativos, entidades que dificultan su desenvolvimiento por la duplicidad de funciones y su poco poder coercitivo, y la actitud de los funcionarios alejada del apego a la ética y a la cultura de rendición de cuentas.

Al repasar las principales instancias para la ejecución de los procesos, destacan la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la Fiscalía General de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la República. Todas entidades que, de una u otra forma, tienen la obligación de investigar lo atinente a la transparencia y la rendición de cuentas.

De todas ellas, la más inoperante es la Antai, y que debería cerrarse trasladando su competencia a la Defensoría del Pueblo. Esa entidad tiene un pobre poder legal coercitivo y sus decisiones terminan siendo burladas o ignoradas por los funcionarios a quiénes se les pide cumplir con las normas de transparencia o, en algunas ocasiones, el cumplimiento de las sanciones impuestas y que mayormente son morales.

Uno de los grandes desafíos que tenemos en Panamá acerca de la transparencia es la articulación de las distintas instancias en las que se ventilan los casos, ya sea investigándolos u ordenando el cumplimiento de la imposición de sanciones de las órdenes de hacer cumplir las normas de transparencia y de acceso a la información.

Mantener una entidad como la Antai, cuando la Defensoría del Pueblo puede asumir sus tareas, es inconveniente y su sola existencia no solo es un ejemplo de la duplicidad de algunas funciones entre los dos organismos, sino un monumento a la burocracia y un pago de sustancioso salario a un funcionario administrador que resulta inútil para hacer valer lo que, supuestamente, es el objetivo principal del ente: la transparencia y el acceso a la información pública.