Vivimos en un país donde la educación parece basura y el reguero de basura por todo el país parece ser por falta de educación.

por Luis Alberto Díaz

Si hay dos cosas en la vida social panameña que saltan a la vista son la precaria educación escolar, comenzando por el estado deplorable de los planteles, y la acumulación de basura en las calles de las principales ciudades del país.

Nuestro sistema educativo necesita un cambio profundo de manera urgente, pero los intereses creados entre las autoridades y los gremios docentes impiden que eso ocurra. Por su parte, la Autoridad de Aseo, elevada a rango nacional por la incompetencia de un alcalde capitalino para recogerla, ha resultado un fracaso en los años que lleva. Aparentemente solo ha servido para incrementar la burocracia y para que algunos consentidos del gobierno cobren un sueldo jugoso por tratarse de una entidad con carácter de autoridad con mando y jurisdicción nacional.

El sistema educativo del país reclama innovadoras ideas que eleven al máximo posible el rendimiento y aprovechamiento académico. Por el régimen imperante, todo cambio es truncado y aplazado por largas discusiones y negociaciones entre las autoridades educativas y los gremios docentes, que casi siempre desembocan en el tema salarial que se antepone  al contenido del pensum académico y otros aspectos de la calidad de la educación.

Igual ocurre con el ente encargado de la recolección y disposición de la basura, cuya forma de administrar y ejecutar esos procesos resulta ineficaz, obsoleta y alejada de todo propósito tendiente a preservar con celo la higiene pública y el aprovechamiento de los residuos a través de un programa ordenado de reciclaje.

La educación nacional plantea retos ineludibles como la descentralización en la contratación de los docentes, su formación y evaluación periódica, mejorar la habitabilidad de las escuelas a través de un sistema de arrendamiento de edificios que garantice la calidad del ambiente escolar, dar en concesión algunas escuelas para que sean administradas y regentadas por un patronato donde el estado suministre el personal docente y los gastos de funcionamiento. También podría el estado aportar el personal docente en algunas escuelas privadas escogidas en un exigente proceso de selección, a cambio de que estas ofrezcan becas a los alumnos de las escuelas oficiales que tengan el promedio más alto. Las becas serían equivalentes al monto del salario de esos maestros y profesores, incluida la cifra que el estado paga en prestaciones a esos docentes.

También la Autoridad de Aseo debe ser sometida a un cambio profundo. Ha de convertirse en una entidad que se encargue de fiscalizar y organizar la recolección de la basura. Dicha recolección se dará en concesión a empresas privadas y la Autoridad de Aseo les pagará por la cantidad de basura que recojan. El pago se haría por tonelada métrica recolectada y el precio variaría si la basura está clasificada o no. La basura clasificada tendría un precio mayor y la que viene revuelta se pagaría a menor precio y los camiones y equipos correrían por cuenta de las empresas concesionarias.  La Autoridad de Aseo solo se limitará a pagar por la basura recogida y llevada a los vertederos. Para que este plan funcione debe eliminarse el cobro de la tasa de aseo a los propietarios de inmuebles y trasladarlo al momento de la compra de todo material o producto que sea susceptible de convertirse en basura como envases, cajas, plásticos, electrodomésticos que se convertirán en chatarra, muebles y otros.

Para vivir en un país donde la educación y la basura dejen de ser parientes cercanos es preciso hacer cambios profundos, partiendo de nuestra realidad cultural y, por qué no, política y social.