Por. Jorge Zúñiga Sánchez     

 Para entender el impacto político del Diálogo Nacional, tocaría precisar en primer término, si la pandemia le restó a Nito capacidad administrativa y presupuestaria para atender los graves  problemas nacionales hoy denunciados; si le cabe a Nito toda la responsabilidad por la desaceleración económica que hoy se sufre; y si tales problemas le  son propios,  o son heredados de los gobiernos democráticos anteriores.  Una vez hechas esas aclaraciones, toca responder la pregunta de fondo: ¿por qué si la Constitución le otorga suficientes poderes al Presidente   para atender  esos asuntos,  Nito insistió tanto en el diálogo nacional,  y desechó las vías institucionales constitucionales?

En principio, le competiría a la Asamblea Nacional discutir todos  problemas; sin embargo,  la crisis económica se venía  desarrollando  en medio de escándalos escenificados por funcionarios de rangos diversos, que de a poco le fueron mermando la legitimidad política y la credibilidad ciudadana en el escenario legislativo.

Algunos  hechos nos indicaban que el “Diálogo”  de  Nito, era algo más que la respuesta a una promesa de campaña. Aunque sonara romántico proponer “de reunirnos despojados de intereses mezquinos, alrededor de la mesa de la Patria”, esto resultaba preferible, pues  la crisis se agravaría si se intentara activar esos espacios formales de concertación institucional, que funcionan desvinculados de la ciudadanía.

La pasividad con la que Nito observaba el  descontrol con el que actuaban algunos funcionarios, era  percibida por  la ciudadanía y por las bases del propio PRD, como la muestra de su postración a las presiones de  cuestionados  “clanes burocráticos”.

Muchos especulan  hoy sobre cuál fue “la gota que derramó la copa”, pues en cosa de días, docentes, grupos étnicos, productores, estudiantes y trabajadores se lanzaron a la calles, pusieron el país “patas p´arriba”,  exigiendo con violencia respuestas concretas al alza del combustible y al alto costo de la vida.   A la agenda del  Diálogo se han incorporado un listado de nuevas exigencias. Sin embargo, y contra todos los pronósticos pesimistas, para la tranquilidad ciudadana se logró consensuar el  congelamiento del combustible, y de seguro que por esa misma vía, encontrarán respuesta muchos otros temas controversiales.

Como era de esperase, en sus inicios la ciudadanía mostró  sus simpatías con los manifestantes, pero hoy, no sólo expresa su complacencia por la medida concertada, sino que da muestra de su cansancio por el cierre de calles y avenidas, y ya  clama por la intervención de la Fuerza Pública.

Las capacidades negociadoras de “los lideres”, vienen  acusando  carencias de representatividad, y muchos ocupan una “silla”, sólo  por su capacidad de cerrar calles. El  gobierno también tiene las propias, pues no puede contraargumentar limitaciones presupuestarias, ante los  correctivos administrativos llevados a la Mesa  para “enseriar” el manejo de los recursos estatales.  Si los manifestantes sobrevaloran su fuerza, y  tales correctivos se proponen  como condición  para poner fin a las manifestaciones, de seguro que si se aceptan, “rodarán  cabezas” de todos los departamentos burocráticos y  carpas partidistas, en el interés ciudadana de rescatar la institucionalidad democrática.