por Luis Alberto Díaz

Las actuaciones recientes del órgano legislativo en la aprobación de leyes dirigidas a satisfacer los intereses de la casta política son la muestra palpable de la corrupción moral que corroe sus estructuras institucionales.

A lo largo del tiempo los grupos partidistas que la dominan se han ido convirtiendo en enemigos de la democracia y de sus instituciones. Con un sistema electoral que favorece el predominio de los partidos más grandes en la representación legislativa, a través del llamado voto plancha, se ha dado pie a una casta de diputados perversos que han creado clanes o cárteles legislativos propensos a toda clase de corrupción.

Es tal la desfachatez con la que actúan, que ya el control social o las críticas públicas poco les importan, porque se sienten protegidos por una coraza de impunidad que han ido creando a partir del fuero legislativo y el fuero electoral, que los blinda de todo intento ciudadano de recurrir a la justicia para denunciar los desmanes y las prácticas politiqueras que cubren con el manto de la legalidad por medio de leyes que crean para su propio provecho.

Con sus actuaciones torcidas nos han llevado al punto que ya no sabemos si el poder legislativo lo es en realidad o, por el contrario, nos enfrentamos a un clan o cártel de legisladores que hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren.

Panamá está llegando al límite de su resistencia. Y no lo digo porque nuestro pueblo saldrá a cobrarles las cuentas, porque en el aspecto político el panameño no es tan explosivo como cuando le tocan el tema de los precios de la gasolina o de las medicinas. Lo digo más bien porque sus actos son como un cáncer que, desde adentro, está matando la institucionalidad del país y, cuando llegue el momento de la muerte institucional, el resto de la sociedad democrática también se irá a la tumba.

Esperanza tenemos en que el pueblo despierte y pueda ponerlos a raya en las próximas elecciones desterrándolos de las curules legislativas que han deshonrado con su vil conducta.