Por: Jorge Zúñiga Sánchez

……………………………………………………………………………………………………

La forma tan superficial y acomodaticia en la que nos referimos al problema  de la justicia penal,  pareciera que el problema solo existe en la mente de políticos y abogados.  Sin exageración creemos que el deporte y la farándula se difunden de forma tan seria como que si en realidad se tratara de un asunto de trascendencia  nacional.

Y es producto de esa forma disipada en la que se percibe el problema de la justicia penal, que legos y doctos coinciden en la  inmensa desconfianza que les provoca el funcionamiento de la justicia.  Por eso, alguna aceptación recibe de parte de la opinión pública, las declaraciones del político corrupto  procesado que alega ser víctima de “persecución política”, o la del abogado que “perdió el caso”, y que sin sonrojarse  insinúa  “maletines de por medio”,  sin excluir a los parientes del condenado que se resisten a aceptar la pena impuesta, por sentir que la recibió sólo por ser  un “hijo de la cocinera”.

Así que sobre la crisis judicial, todos tenemos ideas preconcebidas  basadas todas en suposiciones o falacias, las que seguirán manteniendo un peso persuasivo  negativo entre la ciudadanía, hasta que la ciencia no entre al debate, y dicte sus verdades  definitivas. La visión política partidista debe descartarse de plano, pues sus comentarios y opiniones sólo persiguen votos y simpatías electorales.

Poco podría esperarse de los medios de comunicación, pues a las noticias sobre la realidad judicial reciben siempre  una sonoridad alarmista. Muy pocos son los espacios periodísticos disponibles, salvo que se ventile uno de esos  casos escandalosos de “alto perfil”, o que se trate de un incidente denunciado en el que aparezca involucrado un fiscal o un juez.

En medio de todo esto, vivimos los estragos de un institucional con serias repercusiones colectivas del que por ignorarlo,  cada  ciudadano se permite aceptar como valederas las causas y efectos que establecemos, según nuestros intereses y prioridades personales. Algunos procurando darnos tranquilidad tal vez sientan exagerada nuestras preocupaciones por el tema judicial, pues al fin y al cabo  es la actitud con la que el ciudadano asume  todos sus problemas.

¿Y por qué para entender los  problemas individuales y colectivos que nos crea la justicia penal, creemos procedente recurrir a la ciencia? La indiferencia y la superficialidad ciudadana nos hará tropezar siempre  con la misma piedra.   Por eso unos creen apasionadamente que la solución está en reformar la Constitución; otros en establecer nuevos procedimientos  para designar a los Magistrados; unos en  modificar las reglas y procedimientos penales; y otros en aumentarles el presupuesto, y así sigue el rosario interminable de sugerencias.

Se trata de un problema de larga data, con el que   hemos ensayado  todo tipo de remedios si obtener al menos mejorías. De poco han servido los millones de balboas invertidos para capacitaciones; la escogencia de Magistrados de lujo; la aprobación de novedosas codificaciones penales y procesales;  los cientos de profesionales del derecho egresados de nuestras universidad, porque el delito crece sin parar y todas las respuestas institucionales adoptadas resultan ineficaces.

No es posible intentar resolver un problema humano, sin conocer intentar conocer sus causas, y sin tener claridad sobre sus efectos.  En otros tiempos, eran reducidas las posibilidad de alcanzar altos niveles de formación académica en el campo de las ciencias jurídicas.  Hoy en lo operativo no gravita el centro del problema, pues al   menos “en papel”, el nivel de las capacidades de todos nuestros funcionarios judiciales, se podrían calificar de “muy aceptables”.

La comprensión de la crisis de la justicia penal no encuentra rumbo, pues la institución no se pone de acuerdo  sobre su papel en el proceso democrático. En consecuencia con esto, se conocen los cambios introducidos  en materia penal  sustantiva y ritual, pero se ignora su conexión con el nuevo modelo democrático institucional, que hace del respeto  los derechos humanos, su eje fundamental.

Los gremios abogadiles, los círculos académicos y  las universidades llevan largos años promoviendo discusiones y debates de muy elevado nivel, sobre la crisis de la justicia.  Sin embargo, tal vez por el contenido controversial de sus conclusiones, han recibido muy poca atención en los niveles de dirección suprema de la justicia.

La ciencia jurídica posee la capacidad de explicarnos las causas y efectos del problema judicial,  con objetividad y rigor científico. El nuevo sistema acusatorio no es fruto de la propuesta legislativa apoyada por grupo de intelectuales, sino la necesaria regulación dentro del campo de la justicia penal, de las nuevas regulaciones entre el Estado y el ciudadano, en tiempos de una democracia y de un mundo globalizado.

La crisis de la justicia penal, no puede separarse de la nueva política criminal, que en su conjunto se inspiraría en los consejos y orientaciones que le suministre la ciencia, implementados en leyes y decretos dentro del andamiaje funcional y jurídico teórico que sustenta el sistema penal. Sin advertir los perjuicios que este desface genera en la  institucionalidad democrática, los despachos judiciales siguen funcionando con denuedo, pero inspirada en conceptos de justicia penal  con imborrable sello autoritario, que exige modificarse a fuerza de las  circunstancias y de los tiempos de la democracia.