OTRA DENUNCIA

La ola de reclamos y denuncias provocadas por el contrato minero que aprobó el Ejecutivo y que debate accidentadamente la Asamblea amenaza con crecer. Ministros de estado, el contralor y hasta el presidente de la república figuran entre los denunciados. Los lodos que arrastran las aguas de este contrato parecen ser tan turbios como los que produce la empresa minera al procesar la extracción de cobre y quién sabe qué otros minerales. De seguro también algunos diputados pasarán por el tamiz de las denuncias y, probablemente, por el rechazo en las urnas para algunos que tienen ansías de reelegirse. Toda esta situación amenaza con ser tan inolvidable como el caso de Cerro Colorado hace 40 años. El pueblo no olvida señores.

ESTRUCTURAS SANITARIAS

Un cúmulo de construcciones que están sin completarse, ya sea en su fase de construcción o en la de equipamiento y nombramiento de personal, es asombroso. Hospitales y centros de salud en situación de obra suspendida, como el de Bugaba y el Minsa Capsi que denunciaron los moradores de una comunidad en estos días son el vivo ejemplo de lo que ocurre en varios lugares del país. Otros como un hospital de especialidades pediátricas por los lados de Don Bosco, en plena ciudad capital, también espera el accionar de las autoridades de salud a pesar de estar ya construido. Algo debe hacerse con respecto a esta realidad, empezando por administrar mejor los recursos del estado y dar prioridad a lo que la merece para no dejar tan importantes estructuras a medio palo.

DE MAREJADAS Y CRECIDAS

Aunque los altos oleajes y las crecidas de los ríos no son cosa de ahora, los grandes daños que producen entre la población sí lo son. Todo como consecuencia del aumento de los asentamientos humanos y las edificaciones cercanas a las riberas de los ríos y las zonas costeras. Hace medio siglo las inundaciones por áreas como las tierras altas de Chiriquí, Pacora, Tonosí, Mamoní, Chepo y hasta el Río Chico de Natá que inundaba la carretera eran fenómenos esperados todos los años, así como los llamados aguajes en las costas del Pacífico panameño. Salvo el daño a los sembradíos y algunas viviendas o alguno que otro ganado vacuno, el asunto no devenía en tragedia; excepto por casos puntuales como una inundación a mediados de los 1960 que sepultó un poblado entero por las tierras pacoreñas. Frente a estos hechos naturales y sus consecuencias conviene revisar las políticas de uso de suelo y de construcción de viviendas y locales comerciales. Por más bucólico que sea tener una edificación junto a un río o frente al mar, lo mejor sería medir las consecuencias y prevenir daños mayores respetando a la naturaleza y sus fuerzas.

PROTESTAS NO VINCULANTES

Tal argumento es repetido una y otra vez por el ministro de comercio cuando le preguntan por las protestas ciudadanas en contra del contrato minero que pretende aprobar como ley de la república el Ejecutivo de la mano de sus diputados adeptos. Según el ministro de marras, solo se trata de un proceso de «democracia», donde todos pueden emitir su opinión. ¿Estará el ministro consciente de lo que dice?  ¿Se habrá dado cuenta que el mensaje que está pasando es que el contrato minero va sí o sí? Vinculantes o no, las protestas ciudadanas tienen consecuencias. Una de ellas podría ser la alteración del clima de estabilidad y de gobernabilidad que son necesarios para atraer inversiones al país y para que funcionen sin apremios las empresas ya establecidas y que aportan en impuestos, empleos y crecimiento económico. Será mejor que le vaya poniendo freno a su lengua y ver el panorama completo del comercio y la industria en Panamá. O es que solo tiene ojos para la minera.

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