PROTESTA JUSTIFICADA

Si en ocasiones hemos visto protestas y cierres de carreteras que no tienen justificación, en esta oportunidad no es así. La forma en que se ha debatido, aprobado, sancionado y promulgado el contrato minero era una invitación al estallido social y a vivir sin gobernabilidad. La actuación de los diputados, los ministros, el presidente y los ejecutivos de la propia minera ha sido contraria a la Constitución, las leyes y el fallo de la Corte Suprema. Todas estas acciones le dan justificación a las protestas del pueblo panameño. Lo que sí debe preservarse es el respeto hacia el paso de las ambulancias, los bomberos y los enfermos. Protestar no significa renunciar a la humanidad ni anteponer la violencia a la razón. Cuando el reclamo es legítimo, no necesita hacer daño ni rebajar la dignidad del hombre al estado salvaje. Que se tenga en cuenta de parte y parte.

ÚNICA SALIDA

El daño esta hecho con la aprobación del contrato minero. Echar atrás ya no es posible. Pero sí puede el gobierno dar pasos concretos hacia la declaración de una moratoria sobre la minería de ls riquezas del subsuelo a cielo abierto, hasta tanto existan tecnologías menos invasivas y dañinas al patrimonio natural. Eso, al menos, le daría al pueblo la esperanza de vivir en un país libre de la devastación y la depredación inmisericorde de nuestra naturaleza. Pero deben actuar pronto, porque el malestar irá en aumento y el gobierno no haría más que someter al país a un ambiente de inestabilidad innecesario e inmerecido. Señores, ya ustedes se van, al menos dense una salida digna.

¿MINISTROS DE QUÉ O DE QUIÉN?

Los ministros de comercio y del ambiente actúan más como ejecutivos de la minera que como funcionarios del estado panameño. Cómo puede uno decir que no hubo oposición a los estudios de impacto ambiental el contrato minero, cuando sabe bien que esas protestas no fueron atendidas ni escuchadas. Cómo puede el otro decirnos que el primer contrato era legítimo cuando, desde el principio, contravino el mandato constitucional de ser llevado a licitación. No justifiquen ni defiendan a la compañía minera, porque ellos también sabían de los vicios de dicho contrato cuando adquirieron la empresa de los concesionarios originales. Mucho menos pretendan asustar a los panameños con demandas internacionales. ¡Qué lo hagan! Total el estado puede coger la minera y pagar esa demanda, si la ganaran, con lo que produce la mina y no seremos el primer país que es demandado o demanda a una empresa minera por los daños que le ocasiona a su nación. Nos vemos en mayo y más allá.

RETO DEL NUEVO GOBIERNO

Dos cosas importantes tendrá que afrontar el nuevo gobierno que se instale en 2024: el escandaloso endeudamiento del país y la destrucción que ocasionará la minería en la vertiente atlántica por el contrato minero recién aprobado. Poner en orden las finanzas públicas reclamará de mucha voluntad y  de creatividad para dinamizar la economía y aumentar el producto interno bruto. Revisar la política minera del estado y suspender la exploración y explotación de la gran minería a cielo abierto. En este último punto incluir la revisión del nefasto contrato que le aprobó este gobierno con sus diputados leales a First Quantum Minerals. Y que no nos vengan a decir que no lo pueden renegociar, porque si los panameños pudimos cambiar el Tratado Buneau Barilla que era a perpetuidad  cómo no vamos a poder con un contrato que tiene vigencia de 20 años más sus prórrogas.

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