¿QUIÉN RESPONDERÁ?

El daño colateral provocado por los cierres prolongados de calles y carreteras es cuantioso, no solo en lo material, sino en perjuicios personales que van desde el impedimento forzoso del tránsito hasta el agravamiento de enfermedades por falta de atención a tiempo, pérdida de citas médicas, afectación de la dieta de niños, ancianos y enfermos, pérdida de clases y daños morales incuantificables. No es lo mismo cuando la mayoría está dispuesta a asumir las consecuencias de una protesta popular, que estar obligado a soportar el bloqueo violento que, disfrazado de pacífico, una minoría impone sobre el resto. Alguien tendría que responder por estos perjuicios: la autoridad por su displicencia e inacción y los bloqueadores de las vías por sus actos de cierres y bloqueos. Si algún día se quiere hacer justicia, esto será lo de quede proceder. Mientras tanto, los ánimos en algunos sectores se siguen caldeando y aumentando el peligro de una desgracia. Esa es la pura y cruda verdad.

AJUSTE PRESUPUESTARIO

El anuncio del ministro de economía y finanzas de que el presupuesto nacional de 2024 será ajustado a la baja es, en principio, una noticia que, por una parte, trae alivio en cuanto al manejo de las finanzas públicas. El endeudamiento del país no lo aguanta más nuestras precarias finanzas públicas. Sinembargo, la otra cara de esa moneda sí es preocupante. ¿Qué rubros sufrirán el recorte? ¿Prevalecerá el buen juicio al hacer el ajuste presupuestario o se impondrá el interés sectario que garantice los fondos para que los politiqueros adeptos al gobierno puedan llevar adelante sus planes proselitistas?  El recorte presupuestario debe priorizar las necesidades del pueblo sobre el financiamiento de los planes político electorales de los candidatos del partido de gobierno, para no dar más de lo mismo y profundizar la desilusión y el hastío del ciudadano contra su gobierno. Del buen juicio del mandatario y su gabinete dependerá marcar la diferencia en este caso.

MINA Y JUBILACIONES

Muy mala la actitud de algunos funcionarios de querer dar a entender que el ciudadano que protesta contra el contrato minero es el responsable que no pueda hacerse el aumento a quienes reciben menos de 350 balboas mensuales de pensión, cuando la realidad es que la promesa de dicho aumento fue hecha para ganar aceptación hacia la explotación minera. En otras palabras: los pensionados fueron usados como carne de cañón. El prometido aumento fue un arma política y, por supuesto, al no poder recibir el dinero planeado por parte de la empresa minera, no pueden cumplir con dicha promesa. Culpar al pueblo que protesta contra la minería de ser responsable porque no puede darse el aumento de las pensiones condicionado al pago mínimo anual de la minera no está bien; no reconocer la responsabilidad por la jugada política fallida que dio al traste con lo prometido tampoco. Listo y frito.

CANDIDATOS DEL CRIMEN

El Tribunal Electoral ha rechazado al menos 4 candidaturas a representantes de corregimiento en la provincia de Darién, porque tenían condena por delito común. Sin embargo, hay otros que actualmente ostentan dichos cargos y corren como candidatos hasta tanto se resuelva su situación, entre estos últimos algunos ya con condena en firme. Las autoridades electorales tienen que se estrictas con estos políticos que pretenden alcanzar un cargo de elección popular teniendo cuentas pendientes con la justicia o haber sido condenados. No podemos tolerar que estos individuos lleguen a dichos cargos y después sean asesinados por sus colegas criminales, dando la impresión que hay un ambiente de asesinatos de políticos y autoridades funciones, cuando esas muertes obedecen a ajuste de cuentas pendientes con el mundo criminal. Y en esto también los partidos son responsables de querer postular delincuentes a los cargos de elección popular. Dime con quién andas y te diré quién eres.