Equilibrio del poder

por Luis Alberto Díaz

La principal tarea que debemos afrontar los ciudadanos es la de crear una estructura institucional que equilibre el ejercicio del poder. En el caso panameño, el órgano legislativo y el régimen municipal son fundamentales para lograr dicho equilibrio.

Dentro del régimen democrático, tanto el legislativo como las municipalidades son las instituciones más cercanas al ciudadano, porque deben promover y facilitar la participación ciudadana. Sin embargo, en el caso panameño éstas se han ido alejando del ciudadano y se han prostituido con el pasar el tiempo. De allí el necesario cambio constitucional para revitalizarlas y ponerlas plenamente al servicio de los ciudadanos.

Por causa de la acumulación de poder y de prerrogativas que le han sido dadas constitucionalmente, además de los fueros y privilegios que se han arrogado mediante leyes hechas a la medida, diputados y representantes de corregimiento con función de concejal han devenido en una casta que, en algunos casos, raya en el crimen organizado por actos comparables con sociedades mafiosas o cárteles criminales.

Con el actual torneo electoral, las actitudes politiqueras parecen reafirmar el perverso esquema de poder que ha venido, poco a poco, adueñándose del sistema político. Componendas para reelegirse torciendo la ley, como es el caso de los cambios en el Código Electoral a conveniencia, desatendiendo los acuerdos consensuados en la comisión electoral que lo redacta, lo que les permite mantener circuitos electorales plurinominales con una cuota de diputados que no les corresponde o reacomodar las postulaciones para sacar diputados por residuo con resultados previamente calculados.

Diputados y representantes de corregimiento, por igual, incluyen como compañeros de fórmula a familiares y parientes como si fuera un cargo hereditario, creando una especie de monarquía electoral, para así asegurarse el control del poder político que dichos cargos representan. Práctica malsana que debe proscribirse.

Ante una posible reforma constitucional, la eliminación de los suplentes para diputados y representantes de corregimiento, así como la separación de la doble función de estos últimos como rectores de las juntas comunales y como concejales, también debe eliminarse y elegir a otros ciudadanos que ocupen el cargo de concejal. Igual debe limitarse la reelección inmediata en esos cargos, imponiendo la veda de una elección de por medio, porque todos estos elementos son el sustento del control de poder al que aludimos y que dan pie a la posterior corrupción.

Los cargos de suplentes de diputados y de representantes de corregimiento, aparte de servir para la componenda política entre partidos y, últimamente, para la monarquía electoral que se ha entronizado en el sistema político panameño, no tiene ninguna utilidad práctica. Mas bien ha servido para que el principal vaya a ocupar un puesto en la administración del ejecutivo de turno, cosa absurda al haber sido elegido por los ciudadanos para representar a otro poder del estado, y para cobrar un salario pagado por el estado sin trabajar, además de adquirir todas las prebendas, fueros y privilegios del principal con solo sentarse un día en la curul legislativa.

Son los anteriores algunos de los vicios que deben erradicarse de nuestro sistema político, porque atentan contra la salud del régimen democrático. Si continuamos por el camino que nos llevan quienes han pervertido y prostituido nuestra política, iremos directo al despeñadero y quién sabe que destino nos esperará en el fondo.