Producción de agua potable y generación eléctrica son esenciales para la vida de los habitantes del país y el funcionamiento de la sociedad.

por Luis Alberto Díaz

Muchas son las quejas por las deficiencias de los servicios de agua y electricidad en Panamá. No toda la población del país está conectada a ellos, ni todo el resto que sí está recibe el servicio las 24 horas del día sin interrupciones, lo que afecta su calidad de vida y merma la capacidad del estado de atraer inversiones y mantenerse como uno de los lugares más atractivos para vivir.

Fuera de las anteriores consideraciones, el manejo de la provisión de agua y la generación de electricidad por medio de la energía hidráulica son actividades que deben estar bajo el control del estado, por ser muy sensibles para la seguridad de la población y el estado mismo. No deben estar sujetas al control de empresas transnacionales ni someterse a las reglas de oferta y demanda del mercado como si se tratara de cualquier mercancía. Acceso al agua y a la electricidad es una obligación del estado y esos recursos deben ser abundantes y baratos para garantizar el derecho de todos a disfrutar de ellos.

Panamá todavía tiene en sus manos la producción de agua potable; no así la generación hidroeléctrica y la distribución eléctrica en su totalidad. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) es el encargado del agua potable; la electricidad está, mayormente, en manos de empresas privadas. No obstante, hoy en día ambos servicios son deficientes y resultan cada vez más caros con respecto al poder adquisitivo de la mayoría de los panameños.

Tanto el agua potable como la generación y distribución eléctrica deberían estar en manos de distintas empresas estatales, con régimen especial y ajenas a la manipulación política. Dichas empresas podrían ser factores decisivos para el progreso del país, abaratando el costo del agua y la electricidad y el excedente de sus recursos destinados a la innovación, la investigación y el desarrollo, junto a los del Canal de Panamá, a través de un plan nacional que sería revisado cada quinquenio y administrados por un fondo de inversión que sea creado para esos fines.

El primer paso de este cambio podría darse con el Idaan, aprovechando la propuesta presidencial de transformarlo en una empresa estatal. Con respecto a la electricidad tendríamos que aprovechar el vencimiento de los contratos con las generadoras hidroeléctricas y las distribuidoras, para no renovarlos, e ir migrando paulatinamente las operaciones hacia la nueva empresa pública que sea creada para tal fin. Y, si es necesario, adquirir el control de ellas comprando las acciones que hagan falta para tener la totalidad del paquete accionario de dichas empresas eléctricas.

Lo que no debemos hacer es dejar en las manos de otros el destino y el control de la producción de agua potable e hidroeléctrica y la distribución de la electricidad. Sí permitir la tercerización de la facturación de los servicios con la instalación de sus respectivos medidores y la tarea de recaudación, y continuar con la apertura para producción de energía solar y eólica, para que haya competencia en el mercado y que la prestación del servicio sea más eficiente en ese aspecto.