Miércoles 22 de enero de 2025

LOTERÍA CLANDESTINA

Una iniciativa ciudadana para elevar a delito la venta de lotería clandestina fue prohijada este martes por la comisión de gobierno de la asamblea nacional. Perseguir y sancionar ese negocio ilegal es correcto y, hasta cierto punto, necesario en nuestro país. Pero en la realidad sería una actividad difícil de perseguir y de erradicar, porque los medios tecnológicos juegan en contra de cualquier intento por controlarlo con los medios tradicionales. Habría que hacer fuertes inversiones para contraatacar con tecnología y formar funcionarios expertos en el campo, además de dotarlos con los equipos necesarios para realizar su labor, lo que podría hacer que la mecha salga más cara que el candil. Por otro lado, las penas propuestas oscilan entre los 6 y los 15 años de prisión y, en la práctica, no son los peces gordos los que caerán, sino los pequeños, y sería muy desdichado que un pobre diablo fuera a prisión durante seis años por vender un One Two. Si la lotería clandestina tiene éxito es porque hay mercado; y la estrategia de la Lotería Nacional debe enfocarse en llegar a los compradores del azar clandestino y ganar mayor cuota en ese mercado. Para lograrlo debe llegar a acuerdos con los vendedores de chances y billetes que son el primer obstáculo para realizar cualquier cambio en el sistema tradicional de gestionar la Lotería Nacional.

BIEN OCULTO

La minera de Donoso tiene varias denuncias por bien oculto. por apropiarse de miles de hectáreas fuera los límites de la concesión de tierras que le fue otorgada para explotar la mina de cobre en esa región del país. Algunas están radicadas en el MEF desde hace varios años y no han sido resueltas. La denuncia más reciente es por la apropiación de casi 2,000 hectáreas de terreno y, supuestamente, está en manos de las actuales autoridades del ministerio. Sean con fundamento o no, lo llamativo es que alrededor del negocio de la minera hay puntos turbios que van más allá del uso de tierras no concesionadas a ella y abarcan pagos menores a los que corresponden y la falta de declaración de minerales fuera del cobre como el oro y otros. El día que logren destapar todos esos secretos pegaremos más de un grito al cielo.

LES IMPORTA UN PITO

Al comienzo de esta semana se abrió la audiencia de cumplimiento contra Odebretch, por el pago de la multa que aún le debe a la nación. La empresa y sus pícaros ejecutivos negociaron, en el 2017, un acuerdo de pena homologado en el que se establecieron los pagos voluntarios en plazos anuales con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de cada año. La mayoría de esos plazos no han sido cumplidos por la Odebretch y le han tenido que ir arrancando, poco a poco, el dinero para cubrir la multa multimillonaria que acordó para salvar el pellejo de sus ejecutivos. Hasta ahora han sido recuperados cerca de 75 millones de dólares y la mayor parte aún se debe. Por el momento la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ante el Juzgado de Cumplimiento la retención de la suma de 2,6 millones de dólares de pagos pendientes a Odebretch, para al menos obtener del lobo un pelo en este caso. ¿Qué esperan para prohibirles toda relación contractual con Panamá hasta que cumplan con lo pactado?

NARANJAS TRISTES

Productores de la región de Capira podrían enfrentar algunos años difíciles si el hongo que ataca las plantaciones de naranja y cacao de la zona se extiende a una mayor parte del territorio. Conocido como el hongo de la tristeza, el organismo eucariótico ataca a las plantas desde su parte interior y cuando los estragos son visibles a simple vista ya resulta demasiado tarde para salvarlas. Lo que si no es tarde para remediar es la situación de entidades como el IDIAP y las de control de plagas agrícolas que, por lo que se intuye, parecen no estar en su mejor condición para enfrentar estas situaciones. Fresco todavía está el recuerdo de lo ocurrido hace unos años con el marañón, que también fue atacado por un hongo que prácticamente acabó con esa fruta en el país. Un punto más en la lista de los entuertos que deben ser corregidos en el sector público.