Ciudad de Panamá /Prensa Latina

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, responsabilizó a la Fiscalía y al Órgano Judicial del aumento de la criminalidad en el país, aunque fue cuestionado por expertos en el tema.

De igual forma, durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario defendió su Plan Firmeza, y destacó lo que llemó «disminución de delitos y las incautaciones de droga», que atribuyó a la efectividad policial.

Mulino criticó que los avances se ven frustrados cuando los detenidos son liberados en audiencias de garantías, un sistema acusatorio «muy deficiente, complaciente y garantista, que recicla criminales», apuntó.

Especialistas en derecho penal cuestionaron las afirmaciones del presidente, y señalaron que se trata de un problema estructural que requiere soluciones integrales y no simplistas.

El profesor de Derecho Penal Hipólito Gil, de la Universidad de Panamá, calificó las declaraciones de Mulino como «incorrectas» y «típicas de discursos políticos».

«Deben aplicar una estrategia sólida de política criminal y aliarse con el Órgano Judicial en lugar de generalizar», sostuvo Gil.

Por su parte, la exprocuradora Ana Matilde Gómez señaló que no existe evidencia científica que respalde las acusaciones del presidente y destacó que el problema radica en la falta de comprensión del sistema por parte de las autoridades y en factores socioeconómicos como el desempleo y la impunidad de delitos de «cuello blanco».

«Más daño hace la impunidad al ver que algunos evaden la justicia con tecnicismos. Eso desincentiva la coerción contra el delito», afirmó Gómez.

Mientras el gobierno insiste en que el sistema legal actual favorece a los delincuentes, expertos exigen reformas estructurales y una mayor coordinación entre instituciones, en lugar de señalamientos que llamaron «simplistas» y que no abordan las causas profundas de la inseguridad.